Martes, Junio 25, 2019

REPOSITORIO

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 1985/2017: Aplicación de la doctrina sobre la exigencia del Estudio Económico Financiero en los instrumentos de planeamiento. La evaluación económica es necesaria independientemente de la dimensión del municipio o la complejidad del planeamiento.
  • STS 1986/2017: Ni la remisión a otro instrumento de planificación, ni la realización con anterioridad de la actuación prevista justifican la falta del Estudio Económico Financiero.
  • STS 2064/2017: La regulación urbanística andaluza obliga a la elaboración de Avances en la redacción de un PGOU. Imposibilidad de conservar trámites ante la nulidad de una disposición general.

 

STS 1985/2017, de 14 de diciembre: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la sentencia de 27 de marzo de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuyo objeto era el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida, de 17 de junio de 2010, por el que se aprobaba definitivamente el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de Les Avellanes i Santa Linya. Dicha sentencia estimaba el recurso contencioso administrativo y declaraba la nulidad del Acuerdo. Dicha nulidad se produce por «la falta de agenda y de evaluación económica y financiera de las actuaciones a desarrollar».

Sin embargo, el letrado de la Generalitat alega que dicha agenda y evaluación no eran necesarias siguiendo así lo establecido en el artículo 59.2 del Decreto Legislativo 1/2005 que exime de dicha documentación «en el caso de que la escasa complejidad urbanística de un municipio sólo exija distinguir entre suelo urbano y suelo no urbanizable». La Sala de instancia no acogió dicho motivo, puesto que el POUM impugnado prevé doce polígonos de actuación urbanística, imponiéndose la obligación de ceder aprovechamiento, suelo y costear obras de urbanización, por lo que se puede afirmar que el supuesto de hecho no encaja con el artículo 59.2 del citado Decreto Legislativo.

El Tribunal Supremo respalda a la Sala de instancia ya que el estudio es necesario con independencia de la dimensión del municipio, en término de habitantes -el municipio de este caso tiene 250 habitantes- o de extensión, o de la escasa complejidad del planeamiento urbanístico.

Aprovecha el Tribunal Supremo para recordar su doctrina con respecto a la exigencia del estudio económico financiero: a) es regla general, la necesidad y exigencia del estudio económico financiero como elemento esencial de los diversos instrumentos de planeamiento; b) que ninguno de los instrumentos de planeamiento está exceptuado del Estudio; c) que pretende conocer “la viabilidad económica de la actuación concernida”; d) que los litigios habrán de resolverse atendiendo de forma casuística a las circunstancias concretas; que en este caso concreto es indudable que un estudio económico financiero habrá de ofrecer los datos económicos que aseguren la viabilidad económica de la ejecución de la actuación que se pretende realizar.

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STS 1986/2017, de 14 de diciembre: El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 31 de marzo de 2016 que desestimaba las pretensiones de nulidad contra la resolución del Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, de 27 de junio de 2014, por la que se aprueba el Plan Especial Parque Comercial Luz Shopping.

La sala de instancia rechazó el motivo principal del recurso contencioso administrativo sobre la falta de estudio económico financiero porque, en primer lugar, con anterioridad a la aprobación del plan especial, ya habían concluido las obras de urbanización; y, en segundo lugar, porque la innovación no requería inversión. Además, remite a la Modificación Puntual, núm. 31 del PGOU de Jerez, ya que en él se encontraban las determinaciones exigidas en un Estudio Económico. Por último, el TSJ afirma que la su falta es un criterio «excesivamente rigorista para deducir de ello la nulidad de pleno derecho» más aún cuando se razone que no existen efectos económicos-financieros ni para los promotores, ni para la Administración ni para terceros y además «los intereses públicos en este caso no se ven afectados», puesto que el objeto del plan es la mera distribución de volúmenes entre dos parcelas privadas.

El Tribunal Supremo rechaza con el recurso de casación dicha argumentación. Confirma que no estamos ante un mero ajuste urbanístico o una operación urbanística simple ya que, tal y como contiene la sentencia de instancia, la edificabilidad de una de las parcelas se ve aumentada con la operación que se realiza, aunque el cómputo global no se altere. Por lo tanto, no puede sostenerse la validez del estudio económico contenido en la modificación nº31 ya que «su alteración es precisamente el contenido perseguido por el Plan impugnado».

Por este motivo ni se puede afirmar que en este caso no haya juego de intereses públicos, aunque las parcelas afectadas sean de un mismo propietario; ni tampoco puede estimarse la ausencia de un estudio económico por haberse encontrado las obras ejecutadas, «pues ello supone admitir la posibilidad de su realización con anterioridad a la aprobación de los instrumentos de planeamiento».

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STS 2064/2017, de 21 de diciembre: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Isla Cristina contra la sentencia de 29 de octubre de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula los diversos Acuerdos y Resoluciones (de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Hueva y del Ayuntamiento de Isla Cristina) cuya finalidad era la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Isla Cristina.

Dicha nulidad se declara principalmente por haber prescindido en la aprobación del Avance del Plan; por haber prescindido de la aprobación inicial del mismo; y, por recoger unas previsiones de crecimiento fuera de las previsiones del artículo 45 del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA).

Dichos elementos son confirmados por el Tribunal Supremo. En primer lugar, si bien es cierto que la naturaleza de los Avances del plan es de acto preparatorio con una finalidad puramente interna y sin carácter normativo alguno; lo cierto es que la normativa autonómica, concretamente el artículo 29 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía recoge que «en todo caso será preceptiva la elaboración de Avances en la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbanística o de sus revisiones totales», por lo que su obligatoriedad es ineludible.

Sobre la ausencia del trámite de la aprobación inicial el TS no se pronuncia ya que es una cuestión que no fue suscitada en la instancia; y, por lo tanto, no puede ser tratada en casación. Tampoco entra a valorar las previsiones del artículo 45 POTA ya que es una exigencia ya valorada por la Sala de instancia.

Por último el Tribunal Supremo recoge su doctrina general aplicable al PGOU objeto de este caso y que se engloba en los siguientes aspectos: a) Imposibilidad de subsanar a posteriori las disposiciones de carácter general; b) la circunstancia de que la nulidad decretada solo sea parcial, no altera el carácter de dicha nulidad; c) no son aplicables los principios de conservación y convalidación ante una disposición de carácter general; d) no procede la introducción de elementos de justificación sobre los elementos que provocaron la nulidad cuyos efectos son ex tunc.

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