Jueves, Diciembre 13, 2018

REPOSITORIO

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 1723/2017: Rechazo de Plan Parcial de iniciativa particular. Aplicación de la doctrina sobre el “derecho al trámite”.
  • STS 1772/2017: Impugnación del PORN del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar por ausencia de informes y defectos por ausencia de notificación en respuesta a las alegaciones en el trámite de información pública.
  • STS 2078/2017: Impugnación del Plan Director de la Red de Parques Nacionales por las entidades locales ubicadas en el Parque Nacional de Picos de Europa.

 

STS 1723/2017, de 14 de noviembre: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 16 de junio de 2016 por la que se desestimaban las pretensiones contra el rechazo a la aprobación inicial del Plan Parcial de iniciativa particular en Chan de Salgosa-Oleiros por parte de la Junta de Gobierno Local del Concello de Salvaterra de Miño.

Dicho acuerdo de la Junta de Gobierno Local deniega la tramitación del Plan Parcial presentado por la recurrente al entender que es contrario a la normativa vigente al tiempo de su presentación, ya que existe un informe desfavorable de la Dirección General de Carretas que afirma que el plan de etapas no se ajusta a Derecho, entre otras cuestiones; y, además, tampoco cumple la normativa actual, dado que «no debería ser un plan parcial sino un plan de sectorización», entre otros motivos como la ausencia del estudio de la sostenibilidad ambiental. Además, la aprobación del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal relativo a la Plataforma logística de Salvaterra As Neves (PLISAN) lo impide.

La recurrente argumenta en casación que la sentencia impugnada incurre en incongruencia omisiva, al dejar sin respuesta la petición subsidiaria, para el supuesto de que no se considerase procedente la aprobación inicial del Plan Parcial, se condenase al Concello, a requerir al promotor para subsanar defectos. Sin embargo, el Tribunal Supremo entiende que dicha respuesta se ha producido de forma implícita ya que mucho de los defectos mostrados no permitían subsanación alguna, sino que requerían una modificación total del proyecto como el Plan de Etapas señalado por el informe desfavorable de la Dirección General de Carreteras de la Junta de Galicia. Y si bien existen defectos subsanables, la existencia de otros con un rango de insubsanabilidad hace inviable que pueda prosperar dicho motivo.

Por otro lado, la recurrente denuncia la vulneración del artículo 217 LEC sobre la carga de la prueba, ya que la sentencia recurrida le exige la acreditación que el Plan Parcial es compatible con el proyecto de la PLISAN, aprobado dos años después de la presentación del Plan Parcial. Sin embargo, el Tribunal Supremo tampoco acoge dicho motivo de impugnación, ya que siguiendo la reiterada doctrina del TS sobre la carga de la prueba le corresponde a la parte acreditar los hechos en que fundamenta sus pretensiones; y en el caso concreto, probar la compatibilidad del Plan parcial con el citado proyecto, sin embargo, a juicio de la sentencia de instancia, no se ha acreditado tal compatibilidad.

Por último, de entre los motivos de casación podemos destacar la denuncia de vulneración de los artículos 15 y 16 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (LRSV), que consagran el derecho de los particulares a instar el desarrollo urbanístico del suelo urbanizable. Sin embargo, el Tribunal Supremo cree que conforme a la doctrina que ha establecido tampoco puede prosperar dicho motivo, ya que el “derecho que tienen los particulares a la tramitación de Planes” tiene límites claros cuando el Plan propuesto viola de forma manifiesta el ordenamiento urbanístico vigente que por razones de economía y lógica conlleva el rechazo a la tramitación del plan al ser este inviable.

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STS 1772/2017, de 20 de noviembre: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 23 de mayo de 2016 que desestimaba la pretensión de nulidad (y subsidiariamente el de una indemnización por daños y perjuicios de la nueva zonificación efectuada) del Decreto 37/08 de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y el Plan Rector de Usos y Gestión del mismo.

El primer motivo esgrimido en casación es la supuesta inexistencia de informes y estudios de cualquier naturaleza que justificaran el inicio del procedimiento y las modificaciones en la zonificación del sector ST-1, denominado el Algarrobico, vulnerando de esta manera el artículo 24 de la Ley 50/1997, del Gobierno, en relación al artículo 6 de la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales. Mientras que la sala de instancia consideró que sí que «existen informes técnicos del Comité Asesor del organismo que examinan las características biológicas, botánicas, geológicas de una manera conjunta global», el Tribunal Supremo recuerda su sentencia de 25 de febrero de 2003 que especificaba que el artículo 6 de la Ley 4/1989 no contempla un procedimiento específico para la elaboración de planes salvo una audiencia de los interesados, información pública y consulta de los intereses sociales e institucionales afectados, sin embargo, «no puede negarse a un ente el ejercicio de una competencia por el hecho de carecer del procedimiento para su ejercicio» por lo que solamente es necesario que se cumplan los requisitos exigidos en la Ley de Conservación de Espacios naturales no siendo exigible la tramitación general para la elaboración de normas reglamentarias contenida en la Ley del Gobierno, tal y como pretendía el Ayuntamiento. Además no existe una nueva zonificación para el sector ST-1 y ST-2 tal y como alega la recurrente, ya que gozan del mismo nivel de protección con el nuevo PORN que con el que contaban en el PORN de 1994 por lo que no cabe indemnización alguna.

En cuanto a la denuncia de los defectos en el trámite de información pública por falta de notificación en la respuesta a las alegaciones del consistorio, la misma es rechazada también, en primer lugar, por no haber sido planteada con anterioridad en el procedimiento, y, en segundo lugar, porque el propio Ayuntamiento reconoce que se produjo la respuesta «y tuvo conocimiento de su contenido al examinar el expediente administrativo».

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STS 2078/2017, de 27 de diciembre: El Tribunal Supremo desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los Ayuntamientos de Posada de Valdeón, el Ayuntamiento de Oseja de Sajambre, la Junta Vecinal del Real Concejo de Valdeón, la Junta Vecinal de San Marina de Valdeón y la Junta Vecinal de Caín, contra el Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales.

El recurso se fundamenta en dos partes: en primer lugar, impugnan el Real Decreto por haber sido aprobado por un Gobierno en funciones; y, en segundo lugar, realizan una impugnación de determinados aspectos que creen que exceden de la atribución competencial que opera con el artículo 19 de la Ley 30/2014, de Parques Nacionales.

Con respecto al primer aspecto si bien los recurrentes creen que concurre causa de nulidad de pleno derecho ya que el Gobierno en funciones sobrepasa los límites establecidos por el artículo 21.3 de la LOFAGE; lo cierto es que el Tribunal Supremo desestima dicha alegación en aplicación de la doctrina que ha ido manteniendo sobre los límites a la actividad de un Gobierno cesante.

En el supuesto de autos además se dan varias circunstancias añadidas en aplicación de dicha doctrina: en primer lugar, se trata de una norma reglamentaria que se produce en el ámbito de una habilitación legal sometida a plazo por ello el TS determina que esto «tiene incidencia, sin duda, en la actuación del Gobierno en funciones, sí, además, tomamos en consideración que, con el desarrollo de la potestad reglamentaria, lo que se procedía era al cumplimiento de un previo mandato legal». En segundo lugar, cree que el Plan Director no introduce nuevas orientaciones políticas, sino que posibilita la “orientación política” contenida en la Ley. Además, añade que la anulación por este motivo es de poca utilidad práctica «alcanzar una conclusión contraria y proceder a la estimación del recurso, dada la continuidad del Gobierno que sustituyó al que se encontraba en funciones». En este mismo sentido, el tribunal llama la atención sobre la posible desprotección del medio ambiente que puede suponer la nulidad de este decreto, siguiendo la misma senda que la STC 195/1988 que expresó que la nulidad de unos preceptos declarados inconstitucionales «podría provocar una desprotección medioambiental de la zona».

Con respecto al segundo aspecto se realiza un planteamiento general sobre la extralimitación en la que incurre el Plan sobre el ámbito competencial del Estado conforme a la Ley de Parques Nacionales, además del principio de autonomía municipal y de las Comunidades Autónomas. En este sentido la demanda cuestiona la aplicación del Plan Director a los núcleos urbanos. Además, cuestionan de forma particular numerosas directrices que van desde la gestión de visitantes, la gestión de las carreteras sobre todo en materia de limitación de uso en el acceso, gestión de aguas, materia de autorización de actividades y nuevos usos, pruebas y competiciones deportivas, zonificación de explotaciones y aprovechamientos tradicionales, además de la calidad del aire y residuos. En este último aspecto la demanda cree que es inaplicable en suelos urbanos «salvo que se anteponga el desarrollo animal sobre el humano, pudiendo considerarse que el hombre es el animal en mayor peligro de extinción».

Todos los motivos son rechazados. En primer lugar, no existe la extralimitación denunciada ya que, entre varios motivos, la Ley de Parques Nacional en su DA 7ª recoge una regla que determina que para los núcleos urbanos del Parque Nacional de los Picos de Europa no serán de aplicación lo dispuesto en los artículos 6.2 y 7.6 de la misma Ley que son aquellos relativos a la prohibición de la existencia de suelo en un Parque Nacional susceptible de transformación urbanística o suelo urbanizado, así como de urbanización o edificación «sin perjuicio de lo que determine el Plan Rector de Uso y Gestión». Por otro lado, el TS destaca sobre la denuncia de extralimitación sobre la autonomía de las Comunidades Autónomas que ninguna de ellas se haya personado en el proceso.

Debido a la excepción que opera para los núcleos pertenecientes a las entidades locales recurrentes gran parte de sus alegaciones decaen ya que será el Plan Rector de Uso y gestión el que desarrolle las actividades que se desarrollarán en cada parque, así como la gestión de aguas o las limitaciones de uso de las carreteras deberán ser reguladas en dicho Plan.

Por último, la denuncia de que la directriz sobre pruebas deportivas sobrepasaría  las competencias autonómicas es rechazada también. El Tribunal Supremo recuerda la doctrina  del TC sobre la “afectación transversal” que puede acaecer sobre las competencias sectoriales de la Comunidades Autónomas como pesca en aguas interiores, turismo o tiempo libre, a modo de ejemplo”, esta afectación hace que la norma sea considerada como norma básica según el art. 149.1.23. por ello según el TC es importante favorecer los “mecanismos de cooperación y coordinación” en estos casos de afectaciones entrecruzadas.

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