Miércoles, Septiembre 26, 2018

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 1461/2017: Vinculación de los convenios urbanísticos a la restante normativa urbanística, así como, la responsabilidad patrimonial correspondiente.
  • STS 1492/2017: La reserva de espacio en parcelas de suelo urbano como actividades de renovación de la urbanización.
  • STS 1493/2017: La singularidad de una asociación de afectados vecinal no es excusa para cumplir las normas de representación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

STS 1461/2017, de 28 de septiembre: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de julio de 2016 que estimaba parcialmente las pretensiones la recurrente y condenaba al Ayuntamiento de Aranjuez.

La pretensión inicial de la mercantil recurrente era el reconocimiento del incumplimiento del Ayuntamiento de Aranjuez de un convenio urbanístico y, por lo tanto, el reconocimiento de responsabilidad contractual de la Corporación; y, extracontractual solidaria entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. El objeto de este convenio era el desarrollo y ejecución del PAU “Las Cabezadas” de Aranjuez y para ello se otorga la gestión del sistema de expropiación del ámbito de Las Cabezadas a la empresa recurrente.

Para poder fijar las bases de la ejecución y señalar los criterios de la formulación del Plan de Sectorización se convino entre el Ayuntamiento y la empresa el desarrollo de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, que no alcanzó a desarrollar sus efectos debido a la oposición de la Comunidad de Madrid, ya que el terreno afectado se halla incluido, en su mayoría, dentro de la clase 2, de tierras de mayor capacidad agrológica de la Comunidad.

Al no poder prosperar dicha modificación, la mercantil entendió que el convenio carecía no sólo de virtualidad, sino que también se había producido una actuación culpable por parte del Ayuntamiento ya que es la causante directa de la imposibilidad de dar cumplimiento a un convenio urbanístico.

Los conceptos económicos reclamados ante la sala de instancia son rechazados parcialmente: tanto el daño emergente por adquisición anticipada de suelo, que no se concede debido a que el convenio remitía a su adquisición mediante expropiación; así como el de asesoramiento y defensa jurídica, los costes de gestión y constitución de la sociedad o los costes de mantenimiento e instalación, ya que «nada tienen que ver con el desenvolvimiento expuesto de un convenio urbanístico cuyo objeto, modificación de la ordenación urbanística y su desarrollo, no se materializó». Solo se reconoce el derecho de percibir los gastos del proyecto de sectorización, ya que sí que se justifica que sea consecuencia directa del desarrollo del convenio, siendo ésta una de las obligaciones plasmadas en el contrato suscrito.

Además, si bien se estima en parte la acción de responsabilidad contractual, declarando resuelto el convenio urbanístico por imposibilidad de su ejecución o carencia sobrevenida de objeto, y el pago de 12.173.668,56€. No prosperan, en cambio, las acciones de responsabilidad extracontractual, ya que no se cumplen los requisitos legales previstos; además el convenio obligaba al cumplimiento de la normativa referente al planeamiento, también por parte de la administración autonómica; por lo que habiéndose declarado que dicha modificación era contraria a derecho, el motivo es aceptado por la Sala de instancia.

Los recursos planteados ante el Tribunal Supremo no prosperan. Se rechaza, en primer lugar, la falta de motivación en cuanto a la responsabilidad extracontractual ya que se explicitan los motivos que no es otro que «las actuaciones de ambas administraciones se ajustaron plenamente a derecho, no hubo antijuridicidad, y además ambas partes […] tenían la obligación legal, por lo expuesto, de soportar los efectos de la actuación de la administración autonómica».

Tampoco se acepta la vulneración de los artículos 35.a) y 25 y 26 del TR de la Ley del Suelo de 2008, ya que no se produce la modificación de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización que alterasen las condiciones del ejercicio de la ejecución, ni tampoco se ha podido vulnerar el principio de la confianza legítima, ya que, en el caso de autos «no puede afirmarse que existiera ninguna actuación de la cual se pudiera desprender que la modificación del PGOU sería favorablemente evaluada por el órgano con competencia ambiental de la CAM, y que la modificación sería entonces aprobada», por lo que dicho principio no se ve afectado.

Por último, se sostiene la vulneración de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas por incumplimiento de obligaciones esenciales del Ayuntamiento, sin embargo las obligaciones establecidas en el Convenio para la el Ayuntamiento eran el «realizar todas las actuaciones encaminadas a la aprobación del Plan de Sectorización, y el Planeamiento de desarrollo en su caso, y el correspondiente Proyecto de Urbanización», por lo que el Ayuntamiento si cumplió sus obligaciones de actividad o comportamiento, no estando obligado a la obtención de un resultado sino a la realización de los trámites correspondientes, por lo que este motivo tampoco prospera.

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STS 1492/2017, de 3 de octubre: El Tribunal desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 23 de mayo de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, por la que se aprobaba definitivamente la Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga; y, en particular, el Estudio de Detalle ED G. 17 “Cuevas del Becerro”.

Dicho recurso se presenta contra el Estudio de Detalle, ya que según la recurrente mediante este instrumento se realiza una desconsolidación encubierta de suelos urbanos ya consolidados, ya que la propiedad actual se encuentra integrada en la malla urbana y cuenta con los servicios urbanísticos requeridos, y por lo tanto cumple con los requisitos de Suelo Urbano Consolidado. Sin embargo, esta desconsolidación es en realidad una reserva en sus parcelas de espacio para estacionamiento de vehículos y muelles de carga y descarga de mercancías, por lo que la desconsolidación realmente solo es una limitación singular que conlleva una restricción en el aprovechamiento urbanístico.

Por este motivo decaen algunas de las alegaciones que realiza la recurrente en sede casacional; ya que la discusión no debe ser sobre la consideración de Suelo Urbano Consolidado, sino sobre las cesiones que en esas parcelas se produce. Es por ello que la recurrente no desvirtúa las conclusiones alcanzadas por la sala de Instancia  ya que la misma deja claro que lo que se producen son renovaciones o reformas de la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado mediante el Estudio de Detalle.

También se rechaza la alegación de arbitrariedad ya que la reserva de una zona de carga y descarga, estacionamiento y maniobra, pretende evitar que esas operaciones se lleven a cabo en vías públicas del polígono, en el que dichas parcelas se encuentran ubicadas.

 

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STS 1493/2017, de 3 de octubre: El Tribunal Supremo desestima recurso de casación planteado contra la sentencia de 6 de noviembre de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que desestimaba el recurso planteado por “Nuevo Barrio, Asociación de Residentes y Propietarios del Barrio de La Paz” contra la aprobación definitiva de Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia.

Realmente la discusión central de este caso es la representación de la asociación recurrente, ya que el recurso se interpuso sin aportar escritura de constitución, ni estatutos, ni acuerdo del órgano competente de la persona jurídica, por lo que la Sala de instancia declaró la inadmisibilidad del recurso, al no poder conocer si el poder otorgado apud acta fue dado por la persona con facultades de representación de la asociación.

La parte recurrente alega en el recurso de casación el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio e infracción de la jurisprudencia en la que se limita la subsanación de la falta de aportación inicial de la documentación exigible a los casos en los que sea el propio Tribunal el que de oficio aprecie esa circunstancia.

Lo cierto es que todos los motivos son rechazados, pese a que la jurisprudencia haya interpretado un acceso a la jurisdicción antiformalista, operando en este ámbito el principio pro actione en toda su intensidad; en este caso no se han quebrantado las formas esenciales del juicio puesto que no queda acreditado que se haya aportado la documentación necesaria. Por otro lado, invocar la peculiaridad de la recurrente o la duración del procedimiento tampoco puede incidir sobre el defecto procesal determinante de la inadmisibilidad.

Por último, la notoria falta de diligencia al no haber aportado en ningún momento posterior el acuerdo de representación e impugnación (ni tras la notificación del escrito de oposición, ni en la formulación de alegaciones…) posibilitando la impugnación del PGOU excluye que se pueda apreciar cualquier tipo de infracción del derecho a la tutela judicial

 

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