Miércoles, Septiembre 26, 2018

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 1375/2017: Impugnación de Normas Subsidiarias de Formentera sobre terrenos de Punta Prima.
  • STS 1410/2017: Ausencia de arbitrariedad mediante la justificación del Plan de Ordenación Municipal de Castell-Platja d’Aro.
  • STS 1411/2017: Distinción entre “completar obras de urbanización” y “reurbanización" en el Plan de Ordenación Municipal de Castell-Platja d’Aro.

STS 1375/2017, de 11 de septiembre: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 8 de julio de 2014 que desestimaba el recurso interpuesto contra la aprobación definitiva de Revisión de Normas Subsidiarias de Formentera aprobadas por el Consejo Insular de Formentera mediante acuerdo de 30 de septiembre de 2010.

Los primeros motivos alegados por la mercantil recurrente son de incongruencia omisiva ya que, por un lado, se señala que la sentencia ha dejado imprejuzgado la desviación de poder de la Administración al intentar eludir el cumplimiento de la STS de 3 de mayo de 1996 al aprobar las determinaciones establecidas para la Unidad de Actuación de Punta Prima; y por otro lado, sobre la falta de respuesta a la calificación realizada de los terrenos vacantes sin información pública al considerarla por la recurrente como modificación sustancial.

Sin embargo, el Tribunal Supremo no acoge dichas pretensiones, ya que, todas ellas tienen respuesta en la Sentencia de la Sala de instancia. Por un lado, se confirma que no existe modificación sustancial alguna, por lo que no existe incongruencia omisiva alguna, ya que el trámite de información pública no es exigible al supuesto de autos; por otro lado, no se puede pretender que se incorporen los parámetros edificatorios de las Normas Subsidiarias de 1989 reconocidos por la sentencia de 1996, a las Normas Subsidiarias de 2010, y a ello se le da respuesta completa por la Sala de Instancia, ya que la recurrente tampoco aporta prueba alguna de que la aprobación de las Normas Subsidiarias se haya realizado con una clara voluntad de eludir dicha STS.

Tampoco existe infracción alguna de la tutela judicial efectiva ni de los principios de seguridad jurídica y legalidad en materia procesal. Según la recurrente el tribunal debería haberse abstenido de pronunciarse respecto de tal consolidación porque sobre la misma ya recaía una sentencia, teniendo el asunto fuerza de cosa juzgada, por lo que no se puede modificar, según la recurrente la edificabilidad judicialmente reconocida. Algo que niega el Tribunal Supremo, y para ello se remite a una sentencia reciente del STS, sobre el mismo caso, que ya ratificó que esa sentencia de mayo de 1996 se encontraba plenamente ejecutada. El motivo por lo tanto decae ya que la actuación de la Administración se encuentra amparada conforme a la regulación establecida para el Parque Natural de Ses Salines que se encuentra en sus proximidades en cuanto a la protección del entorno, estando también incluidos en una Unidad de Actuación objeto de Plan Especial.

Por otro lado, ante la alegación de arbitrariedad en la valoración de la prueba ante la contradicción de informes aportados por la Dirección General de Biodiversidad y el Informe de Sostenibilidad Ambiental presentado ante el Ayuntamiento para la aprobación del PERI sobre la existencia o no de existencia de especies protegibles en el área afectada, es la propia Sala de instancia la que realiza la labor última de análisis, considerando el informe pericial emitido por arquitecto como “muy preciso y meticuloso” en esta cuestión por lo que no se percibe irracionalidad o arbitrariedad alguna.

 

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STS 1410/2017, de 21 de septiembre: El Tribunal desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 7 de junio de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Gerona de 6 de octubre de 2011 por el que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación Municipal de Castell-Platja d’Aro.

En dicha sentencia la mercantil demandante exigía que se declaren el derecho a que se autoricen los usos residenciales en una parcela de la que es propietaria, o subsidiariamente, se reconozca su derecho a ser indemnizada por los graves perjuicios derivados del mantenimiento de una calificación urbanística inviable. Motivos todos ellos rechazados y que el Tribunal Supremo viene a desestimar también.

Mediante el recurso de casación, la mercantil alega, en primer lugar, la vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, sin embargo el Tribunal Supremo recuerda que «la Administración goza de cierta discrecionalidad a la hora de planificar, gracias a las prerrogativas que le confiere la normativa urbanística», si bien es cierto que existe una exigencia de justificación sobre las determinaciones fundamentales que se establecen en el instrumento de ordenación. El objetivo precisamente de la exigencia de esa justificación es asegurar la coherencia del planeamiento y con la finalidad pública y el interés social del mismo.

Es por ello que no se acepta el primer motivo de la recurrente ya que la asignación a la parcela de equipamiento privado se encuentra justificado plenamente y que además no deja de ser otro que el que «venía asignándose a la finca propiedad» ni tampoco la recurrente aporta prueba alguna que demuestre que el mantenimiento de la calificación prevista vulnere los estándares legales.

En segundo lugar, se alega la vulneración del artículo 35 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008 por habérsele negado el derecho a ser indemnizado por entender que el cambio de planeamiento no ha supuesto la inviabilidad e imposibilidad de la clasificación y calificación de la parcela. Sin embargo, el TS establece que el artículo de aplicación realmente es el artículo 115.6 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, aprobando el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, que establece que el reconocimiento por un instrumento de planeamiento urbanístico de usos y edificabilidades preexistentes no tiene en ningún caso la consideración de limitación o vinculación singular. Al ver que esta es la circunstancia concurrente en la parcela objeto del caso de autos desde el año 1984, pese a que se hayan aprobado Planes posteriores, el motivo no puede prosperar.

 

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STS 1411/2017, de 21 de septiembre: El Tribunal Supremo desestima recurso de casación planteado contra la sentencia de 29 de junio de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que desestimaba las pretensiones de la Asociación de Defensa de los Parcelistas Particulares de las urbanizaciones afectadas contra los acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona de 6 de octubre de 2011 por los que se aprueba el Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Castell-Platja d’Aro.

Si bien el objeto es el mismo (POUM de Castell-Platja d’Aro) que en la sentencia anterior, en esta ocasión los hechos litigiosos son relativos a otro extremo y con otros recurrentes (una asociación de afectados). En el caso de autos los hechos relevantes versan sobre el objetivo de “completar las obras de urbanización” que se imponía a unas concretas urbanizaciones en la aprobación inicial del plan y que posteriormente se modificó por “reurbanización” en la aprobación final, conllevando todo ello unas obligaciones adicionales de mejoras necesarias en infraestructuras y servicios urbanísticos.

Los recurrentes alegan un vicio de incongruencia omisiva, ya que la Sala de Instancia no dice nada sobre la denuncia de desviación de poder que realiza la Asociación, al no obedecer a ninguna razón la sustitución del objetivo de “completar las obras” a “reurbanizar”.

El Tribunal Supremo rechaza dicha alegación, ya que la sala de instancia sí que declara que la ordenación aprobada no es irracional ni arbitraria ya que se funda en la memoria del plan que contiene la justificación y motivación del planeamiento. En dicha memoria se observan importantes deficiencias en los servicios urbanísticos, donde por ejemplo los viales no tienen delimitados carriles de paso ni espacios de aparcamiento, existen tramos no pavimentados, etc. Por lo tanto, el motivo de desviación de poder, decae.

Conjuntamente con ello, sobre la invocación de la vulneración del principio de interdicción de los poderes públicos por contravenir los límites del ius variandi, el TS establece que no hay exceso alguno, ya que la práctica de la prueba demuestra que la actuación administrativa es fundamentada y justificada quedando por lo tanto totalmente validada por la Sala de instancia que es quien realiza su examen.

 

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