Sábado, Junio 23, 2018

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 1357/2017: Aplicación del criterio jurisprudencial sobre el rechazo al monopolio competencial a favor de una profesión técnica concreta.
  • STS 1358/2017: Caso de imposibilidad de ejecución de sentencia por consolidación de la urbanización.
  • STS 1374/2017: Las modificaciones realizadas para adaptarse a planes urbanísticos superiores no suponen per se modificaciones sustanciales.

STS 1357/2017, de 25 de julio: El Tribunal desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 23 de junio de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia contra el acuerdo del Ayuntamiento de Baiona de 4 de abril de 2013 que denegaba la aprobación de un Estudio de Detalle, por entender que se incrementaba la edificacibilidad de 1m2/m2 atribuida a la parcela en cuestión.

El principal y primer motivo de casación es el referente a la alegación de falta de atribuciones profesionales de los Arquitectos Técnicos, incumpliendo el artículo 1 de la Ley 12/1986 que regula las atribuciones profesionales de los Ingenieros y Arquitectos Técnicos, por lo que el técnico municipal no se encuentra habilitado para la redacción de un Estudio de Detalle. Lo cierto es que tal y como recuerda el Tribunal Supremo la Disposición Adicional de la misma Ley 12/1986 establece que la Ley no es directamente aplicable a los Arquitectos e Ingenieros Técnicos vinculados a la Administración Pública. Y por otro, recuerda el criterio jurisprudencial de rechazo del «monopolio competencial a favor de una específica profesión técnica, siempre que el título facultativo en cuestión integre un nivel de conocimientos técnicos adecuados a la actuación a realizar conforme a los estudios exigidos para obtener ese título profesional».

El segundo de los motivos es relativo a la inaplicación o aplicación indebida del artículo 4 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, motivo que es rechazado de plano por utilizarse de forma instrumental en relación con las normas del Plan General de Ordenación Urbana de Baiona.

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STS 1358/2017, de 26 de julio: El Tribunal Supremo declara que no ha lugar al recurso de casación planteado contra los autos de 30 de diciembre de 2015 y de 2016 en incidente de ejecución dictados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana que declaraban la imposibilidad de ejecución por parte del Ayuntamiento de Paterna de la sentencia de anulaba la programación del Sector 7 del PGOU de Paterna.

Las razones alegadas para no poder ejecutar la sentencia es la situación fáctica absolutamente consolidada de la urbanización y reparcelación realizada con unas obras concluidas en 2006. De otra parte, los importantes efectos en el tráfico jurídico con titulares dominicales que perderían su título, así como las diversas transmisiones, terceros adquirentes de buena fe o derechos reales constituidos etc.

Los recurrentes consideran que, de un lado, la imposibilidad de ejecución debe ser interpretada restrictivamente porque los casos de imposibilidad acogidos no existen. Sin embargo, el Tribunal Supremo no acoge esta pretensión, ya que no existe prueba en contrario ni alegación alguna que desvirtúe lo aportado por el Ayuntamiento. Además, existe una reparcelación aprobada, modificada en varias ocasiones, y jurisdiccionalmente confirmada que sólo afectaría a 4 de las 43 parcelas resultantes. Además no existe nulidad material «pues la nulidad decretada fue debida a la falta de participación del recurrente al no haber sido citado», no habiendo existido un enjuiciamiento de legalidad de fondo del Acuerdo impugnado.

Por otro lado, se alega que no se fijan las medidas que aseguren la ejecución de la sentencia ni la indemnización sustitutoria. El Tribunal Supremo desestima el motivo y le indica las vías posibles para ello, que a grandes rasgos la misma puede ser decidida en el mismo incidente sobre la inejecutabilidad de la sentencia (STS 27 de junio de 2006); o también de manera posterior a la declaración de imposibilidad, mediante una petición concreta y aportando «las correspondientes probanzas».

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STS 1374/2017, de 8 de septiembre: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 3 de mayo de 2016 que desestimaba recurso contencioso-administrativo contra la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Urbanística Plurimunicipal (POUPM) que afecta a doce municipios.

Los motivos principales sobre los que se basa el recurso son dos: en primer lugar, la infracción del artículo 4.e) del Texto Refundido de la Ley del Suelo (RDL 2/2008) ya que según la recurrente se han dado modificaciones sustanciales durante la elaboración del POUPM que requerían un nuevo trámite de información pública; para ello se basa en que ha existido un cambio en el modelo territorial inicialmente concebido ya que se adapta al modelo territorial previsto en el Plan Territorial Parcial de l’Alt Pirineu (PTPAPA) y en el Plan Director Urbanístico de la Cerdaña (PDUC).

Sin embargo, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo no se puede considerar que las modificaciones tengan el carácter de sustanciales, ya que la decisión adoptada afecta exclusivamente a la clasificación como suelo urbano de la finca de los recurrentes (SUNC la parte más importante y el resto como SUC); sin embargo en la aprobación definitiva se modificó dicha calificación una parte como SUNC y otra como Suelo No Urbanizable. Dicho lo cual, teniendo en cuenta que la modificación sólo afecta unos 10.000 m2 y a un núcleo de población (1 de 53) de uno de los municipios (1 de 12), no puede considerarse un cambio generalizado, sino puntual que no cambia líneas ni criterios básicos. El Tribunal Supremo reconoce que aunque el planeamiento territorial y urbanístico superior sea la causa de las modificaciones, sus consecuencias no implican una modificación sustancial «pues la sustancialidad ha de contemplarse desde una perspectiva de globailidad del Plan, esto es, desde la perspectiva que suministra examinar el Plan en su conjunto», por lo que dichos cambios si bien pueden ser sustanciales para los propietarios afectados, no lo son para el Plan en su conjunto.

En segundo lugar, se alega la infracción del artículo 12.3.b del RDL 2/2008, ya que se entiende que la propiedad sí que cuenta con los servicios urbanísticos exigidos como condiciones regladas de suelo urbano. Sin embargo, el Tribunal Supremo adopta lo ya expresado por la Sala de instancia y es que los servicios urbanísticos lo son de las parcelas colindantes con zona urbana, ya que la parcela de este supuesto se encuentra aislada y fuera de la zona urbana, no encontrándose consolidada por la edificación existente.

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