Viernes, Octubre 19, 2018

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

  • STSJ de Madrid nº 564/2017: Anulación parcial de la Ordenanza Reguladora del Taxi de Madrid.

STSJ de Madrid 564/2017, de 17 de julio: El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima parcialmente el recurso contencioso administrativo presentado por la Asociación de Empresarios Madrileños del Taxi contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 28 de noviembre de 2012, por el que se aprueba la Ordenanza Reguladora del Taxi publicada en el BOCM el 13 de diciembre de 2012. Se ha impugnado también de forma indirecta el Decreto de la Comunidad de Madrid 74/2005, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo.

Los artículos anulados de la Ordenanza del Taxi han sido los siguientes: 4.1.c), 28.3.c), 37 y 47; mientras que los artículos anulados del Decreto 74/2005 han sido el 10.1.c) y el 31.1.b). Todos ellos han ido referidos a las exigencias de estar domiciliado en el territorio de la Comunidad de Madrid; a carecer de antecedentes penales; al régimen de descanso obligatorio y a las obligaciones de información de las emisoras de radio del servicio de taxi.

Sin embargo, la recurrente impugna una gran cantidad de artículos de la Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid; y de forma muy destacada los siguientes:

En primer lugar, se impugna la limitación de ser una persona física para poder obtener una licencia de auto-taxi, no pudiendo otorgarse licencias de forma conjunta o a comunidades de bienes. Dicha limitación no infringe la libertad de establecimiento puesto que son limitaciones intrínsecas a la intervención administrativa del servicio del taxi estando justificadas tanto por la legislación estatal como autonómica. Además, «si se permitiera la concesión de autorizaciones a personas jurídicas, la limitación en el número de licencias que pueden otorgarse a una sola persona física resultaría inaplicable, pues bastaría que la persona física constituyera una multiplicidad de sociedades o un conjunto societario para evitar la mencionada prohibición».

En segundo lugar, el requisito previsto en el artículo 4.1.c) de la Ordenanza de estar domiciliado en la Comunidad de Madrid es anulado por el TSJM, entendiendo que vulnera el principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución y singularmente el artículo 19. Además, se declara que la medida es desproporcionada, ya que se trata del titular de la licencia y no del conductor del taxi. Sin embargo, en este último caso tampoco encontraría justificación el Tribunal «en la medida que localidades limítrofes de la Comunidad de Madrid se encuentran a menor distancia del municipio de Madrid que otras de la propia Comunidad de Madrid».

En tercer lugar, con respecto al artículo 16 de la Ordenanza con limitaciones de carácter medio ambiental sobre la antigüedad del vehículo o los límites de emisiones, el TSJM no ve infracción alguna del Derecho de la UE a través del Reglamento (CE) nº 715/2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a emisiones procedentes de turismo y vehículos comerciales ligeros, ya que, sus estándares son un contenido mínimo, que puede ser ampliados, en este caso por la autoridad municipal.

En cuarto lugar, se impugna el control de los tiempos de prestación del servicio con el aparato taxímetro; esta potestad de utilización de datos secundarios que pueden obtenerse del taxímetro es conforme a derecho ya que no se afecta ni la homologación ni la funcionalidad, tanto en cuanto el Ayuntamiento tiene una relación de sujeción especial con los titulares de las licencias. Esta relación sin embargo no se da con las radioemisoras «por lo que se precisa una norma con rango más elevado para imponer dicho tipo de obligaciones».

En quinto lugar, otra de las alegaciones relevantes realizadas por la parte recurrente es la relativa a la falta de justificación de la exigencia de carecer de antecedentes penales tanto para obtener el permiso municipal de conducción de vehículos auto-taxis como para renovarlo, y si bien dicha exigencia también viene recogido en el Decreto 74/2005; ambos son anulados no sólo porque afecte al derecho a la libre elección de profesión u oficio (art. 35 CE), sino también el artículo 73.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria que establece que los antecedentes no podrán ser en ningún caso motivo de discriminación social o jurídica. Además, conforme a lo indicado en la STC 144/1999: «resulta que las certificaciones de antecedentes penales sólo pueden solicitarse por el interesado o por los órganos judiciales u otros poderes públicos cuando así lo disponga una norma con rango legal», por lo que ni el Decreto 74/2005 ni la Ordenanza cumplen la reserva de Ley exigida produciéndose por tanto a su anulación.

Por último, cabe indicar que el TSJM anula el régimen de descanso establecido en la Ordenanza ya que no resulta ni motivado ni justificado que se deba «dejar de prestar el servicio un día determinado de la semana en atención al número en que termina la licencia, quedando afectado la prestación del servicio en condiciones de igualdad ya que la carga de trabajo es diferente según el día de la semana, algo que no queda garantizado con el régimen de descanso de un día fijo de lunes a viernes.

Otros artículos que se impugnan de la Ordenanza como el relativo al número máximo de licencias de las que puede disponer un mismo titular (art. 5); el relativo a la autorización que el Ayuntamiento debe prestar a las marcas y modelos de vehículos para el servicio de taxi (arts. 17 y 19), de entre los homologados por el órgano competente; o, el que limita el número de plazas (art. 18), entre otros artículos, hallan su desestimación por parte del TSJM en que o bien son previsiones conforme a lo establecido en el Decreto 74/2005, o bien porque la naturaleza de la prestación de la actividad de auto-taxi justifica la intervención administrativa municipal.

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