Miércoles, Mayo 23, 2018

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 1213/2017: Aplicación de la interpretación sobre el concepto ‘modificación sustancial’ en el ámbito urbanístico.
  • STS 1236/2017: Utilización de datos estadísticos y modelos de evolución en la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Abegondo. 
  • STS 1252/2017: Vinculación del planeamiento municipal al territorial en la protección de bienes culturales.

 

STS 1213/2017, de 11 de julio de 2017: El Tribunal Supremo declara que no ha lugar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2 de octubre de 2015 por la cual se estimaba parcialmente algunas de las pretensiones de una de las recurrentes decretándose la nulidad de la Disposición Transitoria Segunda del Texto Refundido del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Llorenç del Penedès aprobado mediante acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Tarragona de 9 de junio de 2011.

El elemento sustancial del presente recurso de casación es si ha existido una modificación sustancial del Plan impugnado entre la aprobación inicial y provisional, ya que, de ser así, se exigiría la apertura de un nuevo período de información pública, que, al no haber tenido lugar, desembocaría en la nulidad del mismo.

La recurrente considera que se produjeron varias modificaciones sustanciales, algunas de ellas consecuencia de la adopción de convenios urbanísticos «cuyo período de información pública no había concluido al momento de la aprobación provisional del POUM». Teniendo la recurrente la carga de la prueba sobre la acreditación de estas modificaciones sustanciales, el Tribunal Supremo apoya la posición del TSJ al considerar que no se ha acreditado suficientemente la naturaleza, entidad y dimensión de las modificaciones introducidas.

Siguiendo la interpretación que viene realizando el Tribunal Supremo de ‘modificación sustancial’ no existe alteración ni de los elementos estructurantes del Plan ni del modelo territorial elegido por la misma, y ello desde una perspectiva tanto cualitativa (lo central del plan siguen siendo las actuaciones sobre el castillo de Llorenç) ni cuantitativa (son modificaciones de carácter puntual), dejando claro en este sentido que la mera firma de unos convenios urbanísticos no es prueba suficiente ya que se debe apreciar la entidad de las modificaciones que introduce.

Con carácter adicional, ante la alegación de improcedencia de la delimitación de un sector de planeamiento especial sobre la finca concreta donde se ubica el castillo de Llorenç, el TS respalda nuevamente lo establecido por el TSJ, al afirmar que es motivo suficiente la realización de un Plan Especial para «la gestión urbanística y ejecutar las obras de urbanización y rehabilitación» de una edificación histórica, algo que no se opone a lo establecido en la normativa autonómica aplicable a los Planes Especiales.

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STS 1236/2017, de 12 de julio 2017: El Tribunal Supremo declara que no ha lugar al recurso de casación planteado contra la sentencia de 14 de abril de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que anulaba, a solicitud de la Plataforma de Afectados por el Plan General de Ordenación Urbana de Abegondo, la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Junta de Galicia, de 14 de septiembre de 2012, por la que se aprobaba el Plan General de Ordenación Urbana del Concello de Abegondo, así como el PGOU propiamente dicho.

La anulación de dicho plan se sustenta en la desproporcionalidad de la previsión del crecimiento del parque residencial en dicho municipio, tanto en suelo de núcleo rural como en suelo residencial, incrementándose en 2622 viviendas, ya que la misma no se encuentra justificada, tal y como exigen «las determinaciones previstas como excluyentes en los apartados 3.1.4 y 3.1.15º de las directrices de ordenación del territorio aprobadas por Decreto 19/2011». Esto excede de realidad mostrada a través de los datos empíricos que se presentaron a través del informe técnico aportado en la demanda y del informe elaborado por el perito judicial: el aumento de las viviendas los 20 años previos ha sido tan sólo de 311 viviendas, además de una disminución de la población del municipio en contraste con otros del área comarcal de A Coruña, entre otros datos.

El Tribunal Supremo rechaza los motivos que presentan tanto la Junta de Galicia como el Consello que se basan en una errónea valoración de la prueba realizada por el TSJ sobre estos informes.

Para el Tribunal Supremo la valoración de la prueba realizada es clara y de la misma se puede conocer los motivos por los cuáles el TSJ ha tomado la decisión de anulación del PGOU que no es otra que el desfase entre el crecimiento –y su previsión- de la población constatable a través de los datos estadísticos de referencia, el movimiento social y el modelo de crecimiento económico; y el modelo urbanístico propuesto. La recurrente en casación tampoco acredita en ningún momento la viabilidad del crecimiento población que se puso en entredicho tanto por la misma Plataforma como por el perito judicial.

Tampoco se ve afectado el ius variandi de la Administración, ya que precisamente, esa discrecionalidad del planificador tiene sus límites establecidos por el interés público y la Ley; y en el caso concreto, el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008 y concretamente el artículo 2, entre otros, impone «la obligación de proteger el suelo rural, siendo esta una situación distinta de la del suelo urbano». En definitiva, con los datos presentados sobre la evolución demográfica del municipio, el cómputo de viviendas construidas, así como factores de crecimiento población, no se encuesta justificación alguna para desarrollar la planificación urbanística aprobada.

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STS 1252/2017, de 13 de julio de 2017: El Tribunal Supremo declara que no ha lugar al recuro de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Cornellá del Terri contra la sentencia de 16 de marzo de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anulaba parcialmente el Plan de Ordenación Urbanística Municipal de este municipio, tal y como había sido aprobado mediante acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de Gerona de 25 de mayo y 6 de octubre de 2011.

El aspecto central del recurso versa sobre la planificación urbanística realizada sobre el entorno de protección del castillo de Ravós -que tiene la consideración de Bien Cultural de Interés Nacional-, y el yacimiento arqueológico “Mas Sureda".

El Tribunal Supremo acoge las tesis sostenidas por la sala de instancia al indicar que el entorno protección del castillo previstas por el POUM es insuficiente «para garantizar la preservación de las visuales del castillo de Ravós y del núcleo tradicional» y que actualmente sólo se garantiza desde el punto sur mediante dos zonas verdes sobrepuestas. No permitiéndose por tanto el desarrollo urbanístico previsto ya que va contra los criterios establecidos por el Plan Territorial Parcial de les Comarques Gironines y las del Plan Director Urbanístico de la Comarca del Pla de l’Estanyi que aseguran el mantenimiento del suelo como no urbanizable.

En cuanto, al yacimiento arqueológico se establece que el mismo debe clasificarse como no urbanizable no sólo por lo establecido en los Planes anteriormente mencionados, sino porque tampoco presentan los servicios urbanísticos exigibles, como red o sistemas de saneamiento público, algo que también se exigía mediante Informe del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña al encontrarse el yacimiento en la Carta Aarqueológica del Inventario de Patrimonio Cultural de Cataluña.

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