Martes, Junio 19, 2018

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 1027/2017: El valor catastral como método de cuantificación de la tasa prevista por utilización privativa o de aprovechamiento especial del dominio público del Ayuntamiento de Almaraz de Duero.
  • STS 1509/2017: Aplicación de la doctrina mayoritaria por la que se declara conforme a Derecho la utilización del valor catastral como método de cuantificación de la tasa prevista por utilización privativa o de aprovechamiento especial del dominio público del Ayuntamiento de El Espinar.
  • STS 1558/2017:  Inadmisión de recurso frente a la impugnación de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales en el suelo, vuelo y subsuelo de terrenos de uso público municipal del Ayuntamiento de Valencia.

STS 1027/2017, de 8 de junio 2017: El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Almaraz de Duero contra la sentencia de 5 de febrero de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por el que se anulaba el artículo 4 y el Anexo de Tarifas de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.

En esta sentencia se expresa el conflicto existente en la jurisprudencia sobre la cuantificación de la tasa, bien por recoger los motivos que llevaron a la estimación del recurso que realiza el TSJ de Castilla y León como posteriormente por los votos particulares.

La sala de instancia recoge en la interpretación que realiza a partir del artículo 24.1 a) TRLHL no incluye las instalaciones propiamente dichas, pero también considera como insuficiente el valor de mercado medio de los bienes rústicos que expresaba la Ordenanza anterior. El TSJ que acepta que no puede determinar la forma en la que se debe realizar esta cuantificación si expresa que la cuantificación debe tener en cuenta que «se trata de una servidumbre que no impide de modo absoluto otros posibles usos del suelo afectado, podría llegar a no considerarse desproporcionado un valor del suelo a ocupar que tome como punto de partida dicho precio medio de mercado con una relativa y justificada corrección al alza».

El TS, que estima el recurso de casación y anula esta sentencia, recoge lo que ya ha expresado en otras ocasiones, y que en la reseña de la sentencia que viene a continuación queda expresada de forma más clara, pero se puede resumir en que se admiten todos los métodos que «desemboquen en un valor que represente la utilidad en el mercado obtenida por el sujeto pasivo», por lo que se estima pertinente que si las instalaciones van a producir algún tipo de utilidad sería razonable tenerlas en consideración, siendo la aplicación del coeficiente RM la salvaguarda de que el valor catastral no supere a del mercado tal y como exige el TRLHL.

Los dos votos particulares critican esta posición justamente debido a que no se deberían tener en cuenta el valor de las construcciones realizadas justamente para poder realizar el aprovechamiento especial, ya que no formaban parte del bien inmueble, considerando de esta manera que se está creando «un presupuesto material ficticio», ya que lo que se está pretendiendo gravar es un suelo rústico sin construcciones con un sobrevuelo por una línea eléctrica. Se llega a la conclusión por tanto que al prescindir por tanto de la situación real se efectúa una cuantificación de la tasa «muy superior al valor mismo en compra del bien de dominio público objeto del aprovechamiento especial gravado».

 

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STS 1509/2017, de 5 de octubre de 2017: El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de El Espinar contra la sentencia de 6 de mayo de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulaba el artículo 4 y el Anexo de Tarifas de la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de El Espinar reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público de las instalaciones de transporte de energía, gas, agua e hidrocarburos.

En este caso el cálculo del valor de mercado de la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento especial que exige el TRLHL se había realizado conforme al artículo 22 de la Ley del Catastro inmobiliario que integra el valor catastral del suelo y el de las construcciones.

El TS aplica la postura mayoritaria expresada en varios pronunciamientos que guardan una identidad semejante al del caso presente, como el anterior que hemos examinado. En ellos indica que «la cuantificación de la tasa escapa a la discrecionalidad administrativa» ya que la misma ley tasa que el valor debe ser el de mercado, sin embargo, las autoridades locales gozan de un margen de maniobra amplio a la hora de poder elegir la elección del método y los criterios para calcularlo. Este método y criterios deben cumplir una serie de requisitos de objetividad, publicidad, transparencia, proporcionalidad y no discriminatorios. Estos extremos deben contemplarse en el informe técnico-económico. Para el TS el valor catastral se adecúa a la finalidad perseguida por la ley ya que se valora la utilidad que proporciona al sujeto pasivo el uso privativo o el aprovechamiento especial del dominio público local. La aplicación del coeficiente RM previsto en la normativa catastral también se encuentra justificado para cumplir la previsión legal de que el valor catastral no supere al del mercado.

  

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STS 1558/2017, de 17 de octubre de 2017: El Tribunal Supremo inadmite el recurso planteado por el Ayuntamiento de Valencia contra la sentencia de 21 de marzo de 2016 del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana mediante la que se impugnaba la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, vuelo y subsuelo de terrenos de uso público municipal, para el ejercicio 2015.

El Ayuntamiento de Valencia ataca en casación la sentencia de instancia debido a que el recurso contencioso-administrativo planteado se dirige contra una disposición general que era una mera reproducción de la ordenanza precedente, salvo algunas modificaciones, que no se atacan mediante el recurso. La cuestión impugnada es la determinación del sujeto pasivo de la tasa que no sufre modificación alguna.

Tres son los motivos, de carácter eminentemente procesal, para declarar la inadmisibilidad del artículo. El primero es que el escrito de interposición del recurso de casación no se funda en ninguno de los motivos contemplados en el artículo 88 de la LRJCA vigente en ese momento; el segundo motivo, la invocación errónea de los artículos 26 y 28 que versan sobre supuestos diferentes al del caso de autos (impugnación indirecta de disposiciones generales, y el segundo referido a reproducción de actos administrativos, sin contemplar reglamentos). El último motivo que sostiene el Tribunal Supremo es la «ausencia de crítica a los razonamientos de la sentencia impugnada que descartan la inadmisibilidad del recurso». El Ayuntamiento se limita a reproducir los mismos motivos que ya expreso en la ante el Tribunal de instancia.

 

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