Martes, Enero 23, 2018

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 952/2017: P.G.O.U. de Santurtzi, sobre la evaluación ambiental de los efectos de las modificaciones de planes y programas sobre el medio ambiente.
  • STS 989/2017: P.G.O.U. Buñol, relativa a pronunciamientos contrarios en supuestos de hechos idénticos.
  • STS 1006/2017: P.G.O.U. Rayona, sobre el concepto jurídico de "malla urbana".

STS 952/2017, de 30 de mayo: La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Santurtzi y por la entidad Congregación de las Hijas de la Cruz, contra la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia dl País Vasco que versaba sobre la aprobación de Modificación del Plan General de Ordenación Urbana Santurtzi.

El Tribunal rechaza que se hayan inaplicado los artículos 3 y 4 de la Ley sobre Evaluación de efectos de determinados planes y programas (LEPP), puesto que el objeto y contenido de dichos artículos no hacen referencia a la dispensa de evaluación por encontrarse la zona del litigio clasificada como urbana.

Con respecto a la infracción del artículo 4.e) del Texto Refundido de la Ley del Suelo y del artículo 125.1 del Reglamento del Planteamiento Urbanístico, por no ser necesario el denominado Programa de participación ciudadana la Sala, acudiendo a la ley procesal (LRJCA), reitera que la interpretación del derecho de procedencia autonómica le corresponde a los Tribunales Superiores de Justicia de las respectivas Comunidades Autónomas, pues la cuestión que aquí se debate se encuentra regulada por normas autonómicas.

Por otro lado, la Sala reitera su línea jurisprudencial y la seguida por el Tribunal de justicia de la Unión Europea sobre la evaluación ambiental de los efectos de las modificaciones de planes y programas sobre el medio ambiente. La finalidad de esa evaluación es tomar una decisión ambiental anterior a la aprobación del proyecto a modo de prevención, por ello, a pesar de que las modificaciones sean calificadas de “menores” será el órgano ambiental el que determine si una modificación debe ser objeto de evaluación ambiental. La Sala declara que “no puede negarse la afección significativa al medio ambiente que podía tener el Plan impugnado” como consecuencia afirma “la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal ... debía necesariamente, por imperativo de lo establecido en el artículo 3.2 de la LEPP de 2006, someterse a evaluación ambiental estratégica, por tener efectos significativos en el medio ambiente”.

Por último, la Sala rechaza que cuando se declara nula una parte del texto normativo, se diluyan o mermen los efectos de la nulidad plena, es decir, aunque la nulidad sea solo de una parte del plan esa parte es nula de pleno derecho.

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STS 989/2017, de 5 de junio: El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Como consecuencia, estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el mismo recurrente contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo por el que se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Buñol.

La Sala entiende que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana hizo dos pronunciamientos contrarios en supuestos de hechos idénticos que deberían haber finalizado con una misma decisión. La estimación del primer motivo de casación llevó a estimar el segundo motivo que se amparaba en el artículo 88.1.d) de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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STS 1006/2017, de 6 de junio: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la entidad “Camping Bayona Playa, S.A” contra la sentencia dictada en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

La Sala examina en primer lugar el defecto de motivación de la sentencia recurrida, pues según la entidad demandante la misma Sala dio una resolución contraria en un caso idéntico al que se nos presenta. El Tribunal alega la falta de firmeza de la sentencia aludida considerada similar para presentarla como cimiento. Además, se tratan de supuestos distintos según la descripción que se realizan de los terrenos en ambos casos.

Por otro lado, la Sala desestima el motivo que denuncia la errónea y parcial ausencia de apreciación y valoración, pues ha declarado reiteradamente “que la errónea valoración de la prueba no ha sido incluida como motivo de casación en el orden contencioso-administrativo, lo que se cohonesta con la naturaleza de la casación como recurso especial, cuya finalidad es la de corregir errores en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, y no someter a revisión la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de instancia (…) la revisión de esa valoración en casación únicamente procederá cuando la irracionalidad o arbitrariedad de la valoración efectuada por la Sala de instancia se revele patente o manifiesta, siendo carga de la parte recurrente aportar los datos y razones que permitan a éste Tribunal llegar a la convicción de que así efectivamente ha sido”.

Con respecto a la jurisprudencia entorno al concepto jurídico de “malla urbana” la Sala ha declarado en numerosas sentencias que “unos terrenos están insertos en la malla urbana cuando existe una urbanización básica constituida por unas vías perimetrales y unas redes de suministro de agua y energía eléctrica y de saneamiento de que puedan servirse los terrenos, y que éstos, por su situación, no estén completamente desligados del entramado urbanístico preexistente”. Sin embargo, el terreno del caso tiene la consideración de terreno no urbanizable por lo que resulta indiferente que dispusiera de los servicios exigidos para la instalación de un Campamento turístico.

Por último, el Tribunal se vuelve a pronunciar sobre la fundamentación del recurso de casación, negando que se pueda fundamentar en la infracción de Derecho autonómico. Declara que tampoco se puede encubrir la denuncia de la indebida interpretación de normas autonómicas bajo una cita de Derecho estatal.

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