Lunes, Diciembre 11, 2017

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 783/2017: Interpretación de los artículos 54.3 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local y 45.2.d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

STS 783/2017, de 9 de mayo de 2017: el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la interpretación del art. 54.3 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local en relación con el artículo 45.2.d) de la LJCA. En este sentido, el art. 54.3 del TR dispone que los acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las Entidades locales deberán adoptarse previo dictamen del Secretario, o, en su caso, de la Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de un Letrado. Este dictamen configura una exigencia procesal que impide el válido ejercicio de la acción para interponer el recurso contencioso administrativo, toda vez que debe constar la certeza sobre la voluntad de ejercitar la acción, que es la finalidad a la que responde el artículo 45.2.d) de la LJCA.

No obstante, la sala ha flexibilizado el rigor en la aplicación de los dos artículos mencionados sólo hasta el límite que demanda la proscripción de la indefensión y las exigencias derivadas de la tutela judicial efectiva. Así, ha declarado que “esta Sala viene admitiendo, en interpretación favorable del derecho a la tutela judicial efectiva, la subsanación tanto de la ausencia del documento acreditativo del acuerdo para el ejercicio de la acción, como su convalidación mediante ratificación posterior del ejercicio de la acción y ello porque considera que este requisito documental es subsanable en el doble aspecto de integración de la capacidad procesal y de su constatación, con efectos retroactivos para acreditar no sólo que existió ese acuerdo corporativo y el dictamen previo, sino también para ratificar o convalidar su inexistencia, permitiéndose su formal realización posterior”.

Sobre la forma que debe revestir dicho dictamen, es admisible, conforme a la doctrina jurisprudencial, que se emita “in voce”, aunque su formulación, en estos supuestos, debe tener un carácter excepcional y, en todo caso, debe cumplir las mismas exigencias que si se produjera por escrito y “en consecuencia, debe contener un razonamiento explícito sobre la viabilidad de la acción y sobre la procedencia o no de adoptar dicho acuerdo desde la perspectiva técnico jurídica, con la finalidad de que los miembros electos del Ente local tengan un conocimiento preciso de las circunstancias del caso.”

La interpretación que ha venido manteniendo la jurisprudencia del artículo 45.2.d) de la LJCA, distingue entre dos situaciones. La primera, cuando es el propio órgano jurisdiccional el que de oficio aprecie la existencia de un defecto subsanable, en cuyo caso, necesariamente, el Secretario judicial ha de dictar diligencia de ordenación reseñándolo y otorgando plazo de diez días para la subsanación. Y la segunda, cuando el defecto se alega por alguna de las partes en el curso del proceso, en cuyo caso, la parte que incurrió en el defecto, podrá subsanarlo u oponer lo que estime pertinente durante dicho proceso, si tiene oportunidad procesal para ello. Además, es doctrina de la Sala que “el requerimiento de subsanación del Tribunal resultará también necesario cuando sin él pueda generarse la situación de indefensión proscrita en el artículo 24.1 de la Constitución. Esto es, si la alegación que denuncia el defecto procesal no fue clara, o si fue combatida, bien dentro del plazo de diez días, bien en cualquier otro momento posterior, o bien cuando el órgano jurisdiccional no comparta los argumentos opuestos”.

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