Lunes, Diciembre 11, 2017

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 676/2017: relativa a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.

STS 676/2017, de 19 de abril de 2017: El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Villadepera contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 5 de febrero de 2016, que estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad mercantil Red Eléctrica de España S.A.U., contra la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Villadepera, declarando la nulidad del artículo 4º en relación al transporte de energía eléctrica.

La Sala continúa la doctrina sentada en anteriores pronunciamientos sobre la “tasa por utilización o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos” que afirma que “el artículo 24.1 a) TRHL dispone que, con carácter general, el importe de las tasas previstas por la utilización privativa o del aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público”. Y añade que “a tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada.” Además, “el artículo 25 precisa que tal valor se determinará a la vista de informes técnicos-económicos en los que se ponga de manifiesto ese valor de mercado, informes que se incorporarán al expediente que desemboca en la adopción del correspondiente acuerdo”.

En este sentido, en interpretación de los preceptos mencionados el Tribunal ha señalado que la cuantificación de la tasa escapa a la discrecionalidad administrativa, por cuanto se trata de alcanzar el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de la utilización o el aprovechamiento de los bienes afectados, como si no fueren de dominio público. Se trata de un concepto jurídico indeterminado. No obstante, la potestad local para cuantificar la tasa no es discrecional, pero sí lo es la elección del método seguido o los criterios aplicados para calcularlo. En todo caso, esos métodos y criterios han de ser objetivos, públicos y transparentes, proporcionados, no discriminatorios y adecuados a la finalidad que persiguen que es determinar el valor que tendrían en el mercado la utilidad obtenida por el beneficiario como si los bienes no fueran de dominio público. Además, los métodos y criterios deben ponerse de manifiesto en el informe técnico-económico.

Por último, sobre la cuantificación de la tasa, la Sala considera que “no se trata de alcanzar el valor de mercado del suelo por el que discurren las instalaciones que son la causa del aprovechamiento especial o uso privativo del dominio público local, sino el de la utilidad que esos aprovechamientos o usos reportan. Por ello, son admisibles todos los métodos que, cualquiera que sea el camino seguido, desemboquen en un valor que represente la utilidad en el mercado obtenida por el sujeto pasivo. Al controlar esa elección los tribunales de justicia no podemos sustituir la opción municipal por nuestro subjetivo criterio. Tan sólo nos compete comprobar que la elección conduce al resultado querido por la Ley y lo hace aplicando, motivada y razonadamente, criterios objetivos, proporcionados y no discriminatorios, determinados con transparencia y publicidad.”

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