Martes, Octubre 15, 2019

REPOSITORIO

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS de 8 de marzo de 2016 (rec. cas. 2839/2013). La clasificación a efectos presupuestarios de las entidades del sector público por el Ministerio de Hacienda es un acto recurrible, no un mero informe.
  • STS de 21 de abril de 2016 (rec. cas. 4135/2014). Anulación del Reglamento andaluz sobre protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica por haber omitido en su tramitación el informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.

 

STS, Sala Tercera, de 8 de marzo de 2016 (rec. cas. 2839/2013).- El Ayuntamiento de Toledo recurre en casación la sentencia por la que se desestima su recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Intervención General de la Administración del Estado (Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector Público) por el que se clasifica la Empresa Municipal de la Vivienda de Toledo, S.A. (EMV) dentro del sector de las Administraciones Públicas a efectos presupuestarios (Sistema Europeo de Cuentas). También se impugnan otro acuerdo de la Intervención General de la Administración del Estado que rechaza la solicitud de revisión del primer acuerdo, y la resolución de la Ministra de Economía y Hacienda que inadmite el recurso de alzada por entender que los acuerdos mencionados son meros informes de carácter interno, intepretativos, y no actos susceptibles de recurso.

El TS recuerda que para la calificación de los actos no es decisiva su denominación formal, sino su alcance y significación, apreciando en el caso de los acuerdos de la Subdirección General y la IGAE que tienen una indudable eficacia ad extra y obligatoria para el Ayuntamiento de Toledo, imponiéndole una determinada clasificación. Son actos externos decisorios que incorporan la voluntad de la AGE y definen una situación jurídica individualizada para otra Administración. Por ello, son actuación administrativa sujeta al Derecho administrativo y, consecuentemente, susceptibles de impugnación en vía jurisdiccional. Casa por ello la sentencia del TSJ de Madrid, que entendía lo contrario.

La Sala también señala que la solicitud de revisión no era la vía impugnatoria correcta, ni tampoco el recurso de alzada, pues en los litigios entre Administraciones no cabe recurso en vía administrativa (art. 44 LJCA) más allá del recurso de reposición.

El TS entra a resolver el recurso contencioso-administrativo original y lo desestima, entendiendo que la EMV se incluye, efectivamente, en el sector de Administraciones Públicas a efectos de normativa presupuestaria.

Texto completo.

 

STS, Sala Tercera, de 21 de abril de 2016 (rec. cas. 4135/2014).- La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) recurre en casación la sentencia del TSJ de Andalucía (sede en Sevilla) que desestima su recurso contencioso-administrativo contra el Decreto andaluz 357/2010, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica.

Los motivos de la impugnación original son dos: la ausencia del informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, previsto en la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA); y la invasión de competencias municipales por ciertos preceptos del Decreto.

El Decreto se aprobó el 3 de agosto de 2010, habiendo entrado en vigor la LAULA el 23 de julio anterior. Por ello, entiende el TSJ que no hubo error en la tramitación, al haberse cumplido todos los trámites preceptivos hasta el momento, y que además constaba en el expediente el informe del Consejo Andaluz de Concertación Local.

Señala el TS que la disposición transitoria primera de la LAULA establecía un elenco cerrado de procedimientos a los que se aplicaría la normativa vigente en el momento de la incoación, sin que entre ellos se cuente el procedimiento de elaboración y aprobación de decretos. El legislador andaluz, consciente o inconscientemente, se ha limitado a crear el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, sin posponer su entrada en funcionamiento, de tal modo que desde la entrada en vigor de la LAULA cuenta entre sus competencias con la de conocer previamente de cuantos anteproyectos normativos elaborados por órganos de la Comunidad Autónoma de Andalucía afecten a competencias locales propias, e informar sobre su impacto.

Este informe no se recabó, y tampoco puede entenderse sustituido por el del Consejo Andaluz de Concertación Local, pues éste tiene distinta composición, naturaleza y funciones.

Por todo ello, el TS casa la sentencia de instancia y estima el recurso contra el Decreto andaluz.

Texto completo.

 

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