Martes, Octubre 15, 2019

REPOSITORIO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

  • STSJ Madrid 913/2015. La pretensión indemnizatoria por inactividad de la Administración no puede concederse si no existe tal inactividad.
  • STSJ Madrid 198/2016. Nulidad del Plan Especial del Ayuntamiento de Madrid para la ordenación pormenorizada de la “Ciudad aeroportuaria y Parque Valdebebas”.

 

STSJ Madrid núm. 913/2015, de 2 de diciembre.- El TSJ resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid contra la sentencia que estima el recurso contencioso-administrativo presentado por el propietario de un piso sito encima de un restaurante contra la inactividad de la Administración.

El tribunal a quo entendió que había inactividad, en tanto que el Ayuntamiento atendió la solicitud presentada y midió los ruidos procedentes del restaurante, determinando su carácter excesivo e incoando un expediente sancionador que finalizó con la imposición de una sanción por infracción muy grave, pero a pesar de todo el restaurante siguió sin adoptar las medidas necesarias para evitar el perjuicio al recurrente. Por ello, estima la concurrencia de responsabilidad patrimonial objetiva del Ayuntamiento por los daños ocasionados al demandante.

Sin embargo, la Sala apunta que del relato de la propia sentencia de instancia resulta que no es exigible al Ayuntamiento una diligencia superior, por lo que no se ha producido inactividad. En consecuencia, dada la configuración del sistema de pretensiones en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no es posible resarcir los daños y perjuicios derivada de inactividad administrativa cuando ésta no existe. Recuerda que a esta indemnización no le es aplicable el principio revisor de la jurisdicción contenciosa (se puede pedir directamente sin reclamación administrativa previa). Por ello, existe compatibilidad entre la impugnación de la inactividad y la indemnización por daños que deriven de ella, pero no entre aquélla y la reclamación de responsabilidad patrimonial. Esta última exige un procedimiento administrativo previo, no pudiendo ventilarse ambas en el mismo proceso.

Por ello, el TSJ estima la apelación y anula el pronunciamiento relativo al pago de indemnización por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid al recurrente.

Texto completo.

 

STSJ Madrid núm. 198/2016, de 4 de marzo.- La Asociación para la Promoción del Urbanismo Responsable impugna directamente el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial para la modificación de la ordenación pormenorizada del APE 16.11 “Ciudad aeroportuaria de Valdebebas”. Indirectamente, también se impugna la Revisión Parcial del PGOUM de 1985 y la Modificación del Plan General de Madrid de 1997. Al recurso se oponen el Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Compensación “Parque Valdebebas”.

En primer lugar, la recurrente entiende que la Revisión Parcial se dictó con la intención de eludir los efectos de las SSTS de 3 de julio de 2007 y 28 de septiembre de 2012, así como la STSJ Madrid de 27 de febrero de 2003. El TSJ señala que ya ha tenido oportunidad de estudiar estos argumentos al ejecutar tales sentencias, recordando que no está vedado al Ayuntamiento aprobar nuevos instrumentos de planeamiento siempre que justifique con un especial esfuerzo el cambio de ordenación. De tal modo se pretende disipar cualquier sospecha de que la intención es la de eludir el cumplimiento de sentencias. En este sentido, la Memoria y el Informe de Sostenibilidad son claves para conocer los motivos para la nueva ordenación. Y el TSJ entiende que el Informe del Ayuntamiento cumple sobradamente dicho deber de motivación, quedando descartada toda sombra de desviación de poder. Por tanto, se desestima el motivo, y recuerda la Sala que, toda vez que la nulidad del Plan apreciada en su día era parcial, era necesario abordar de nuevo la revisión de los ámbitos anulados.

La Asociación también estima que se ha aplicado retroactivamente la DA 6ª de la Ley madrileña 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, y subsidiariamente alega su inconstitucionalidad. La Sala apunta que efectivamente la DA 6ª tiene transcendencia directa para la Revisión Parcial, pero no entiende que deba elevar cuestión de inconstitucionalidad sobre la misma, para lo que se apoya en jurisprudencia constitucional, al no encontrar motivo alguno de posible inconstitucionalidad. En todo caso, no resultan de aplicación a la Revisión Parcial las limitaciones de alturas establecidas posteriormente en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Alega también que se rompe la coherencia de la ordenación de todo el municipio, por pretenderse desclasificar más de 33 millones de metros cuadrados. Sin embargo, el TSJ afirma que la nueva ordenación tiene que asentarse necesariamente en la realidad física y también jurídica (la ordenación existente). Por ello, dado que a lo que se está ajustando la ordenación es al PGOUM de 1985 (que quedó parcialmente en vigor tras la anulación parcial del Plan de 1997), no existe tal incoherencia.

Por último, la Asociación entiende que la finalidad del Plan Especial es la alteración de la calificación de tres parcelas para convertirlas en residenciales, estando establecidas anteriormente como barrera frente a la infraestructura aeroportuaria. Se pretende construir 1.200 viviendas más en el área. El TSJ admite que el Plan Especial puede introducir modificaciones específicas respecto a lo establecido en el PGOU, cuando sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. La modificación afecta, en este caso, a la densidad de vivienda, que es una determinación específica por sí misma. A esta densidad debe ajustarse el coeficiente de edificabilidad según los usos. Aunque en este caso no aumenta la edificabilidad lucrativa, no es cierto que no se vea alterada la red de equipamientos del conjunto, pues se produce un considerable aumento poblacional. Tampoco se justifica en modo alguno la coherencia de este cambio con la ordenación estructurante. Y recuerda el TSJ que el hecho de que los espacios públicos o cesiones para redes se establezcan por encima del mínimo puede suponer un incremento de la calidad ambiental, pero aumentar la capacidad del ámbito en términos de población no constituye un expediente de mejora ambiental. El incremento de dotaciones no requiere en absoluto un aumento de las unidades de vivienda. Y en el presente caso, no hay justificación alguna de la necesidad de este aumento, sin que conste un estudio razonado sobre su coherencia.

Por estas razones, el TSJ estima parcialmente el recurso y anula el Plan Especial.

Texto completo.

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