Martes, Octubre 15, 2019

REPOSITORIO

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS de 3 de febrero de 2016 (rec. cas. 2345/2014). Ausencia de necesidad de nueva información pública del Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar para su aprobación definitiva, tras la introducción de alteraciones.
  • STS de 10 de febrero de 2016 (rec. cas. 809/2014). Anulación del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga en cuanto que califica como Zona de Protección Territorial las fincas “El Panchurraco” y “El Coscollar”.
  • STS de 17 de febrero de 2016 (rec. cas. 1256/2014). Modificación Puntual del PGOU de Teulada (Alicante) para corregir el error de calificación de una ermita. Doctrina sobre la corrección de errores en el planeamiento.
  • STS de 17 de febrero de 2016 (rec. cas. 1321/2014). Existencia de responsabilidad patrimonial por restricción del aprovechamiento urbanístico a causa de una resolución autonómica de medidas tras intervenciones arqueológicas.
  • STS de 25 de febrero de 2016 (rec. cas. 2754/2014). PGOU de Segovia. Anulación de categorización como suelo rústico protegido y reconocimiento de su condición de suelo urbano consolidado.
  • STS de 2 de marzo de 2016 (rec. cas. 1626/2015). La ejecución de sentencia de anulación de un plan urbanístico no se agota necesariamente con la publicación, cuando hay actos firmes anteriores.

 

STS, Sala Tercera, de 3 de febrero de 2016 (rec. cas. 2345/2014).- El TS desestima el recurso de Servicios Índice, S.L. contra la sentencia del TSJ de Andalucía (sede en Sevilla) que, a su vez, desestima el recurso contencioso-administrativo de esa mercantil contra el Decreto 370/2011 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se aprobó definitivamente el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar (Cádiz).

La impugnación original se basó en varios motivos, siendo el más relevante el de la falta de celebración de un nuevo trámite de información pública, tras la introducción de alteraciones posteriores al sometimiento a información pública. La sentencia entendió improcedente este nuevo trámite, pues las alteraciones se justifican en el expediente administrativo; y, siendo el derecho de participación ciudadana de configuración legal, no está previsto el trámite en la legislación autonómica, salvo para planes urbanísticos (así lo establece la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, LOUA). Desestima también otros motivos de impugnación, referentes a la clasificación como suelo de protección territorial, la existencia de trato discriminatorio y de defectos en la memoria justificativa del plan, y la ausencia de previsión de indemnizaciones.

El primer motivo de casación se basa en la ausencia de este trámite de información pública y la infracción del art. 4.e del Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLS08). El TS señala que la norma básica no establece la forma y modo de regulación de este derecho de participación, dejando ese margen al legislador autonómico. Pero el hecho de que la LOUA no prevea este trámite para este caso no quiere decir que no deba producirse (como entiende el TSJ), porque el ámbito de aplicación de la LOUA no es la ordenación del territorio. Es más, una interpretación integradora de la normativa estatal y la autonómica implican que debe practicarse este trámite cuando haya alteraciones en el curso de la tramitación de los planes territoriales, a fin de asegurar la eficacia del derecho a la participación ciudadana en los instrumentos de planeamiento (art. 4.e TRLS08). Y ello porque la legislación autonómica no lo prohíbe.

Para que proceda este trámite deben darse dos condiciones: que el planeamiento territorial tenga un contenido materialmente urbanístico; y que las alteraciones tengan carácter sustancial y afecten al modelo territorial inicialmente configurado.

Así, el TS (junto con el TSJ) aprecia que el Plan tiene un contenido claramente urbanístico, porque contiene un mandato al planificador urbanístico que le priva de margen alguno de discrecionalidad. Es aquí donde proceden cuantos trámites de información pública sean necesarios, porque es el único momento donde cabe abrir el debate a la participación ciudadana. No obstante, la Sala no reconoce el carácter sustancial de las modificaciones operadas. Evidentemente es sustancial para las recurrentes (que ven desaparecer la oportunidad de desarrollo urbanístico). Pero lo sustancial de la modificación no consiste en las repercusiones que tengan para los particulares, sino a su grado de afección al modelo territorial escogido. Y en este caso, las alteraciones no sólo no lo cambian, sino que profundizan en él avanzando en la protección ambiental. No resulta determinante a tal efecto la importante dimensión de la finca afectada, pues el Plan de Ordenación Territorial comprende siete términos municipales completos. Pero, además, el texto sometido a información pública no aseguraba las áreas de oportunidad, quedando éstas a expensas de los informes procedentes, que han determinado en este caso que se prescinda de las mismas. Por todo ello, entiende el TS que no era procedente un nuevo trámite de información pública, desestimando el motivo.

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STS, Sala Tercera, de 10 de febrero de 2016 (rec. cas. 809/2014).- La Junta de Andalucía recurre en casación la sentencia del TSJ de Andalucía (sede en Málaga) que estima el recurso contencioso-administrativo presentado por dos sociedades mercantiles, propietarias de las fincas “El Panchurraco” y “El Coscollar”.

Entiende el TSJ que no concurren las condiciones o las características para clasificarlas como Zona de Protección Territorial “Montes de Málaga”. Es cierto que el planificador, en su goce del margen de discrecionalidad necesario, puede adscribir determinadas categorías al suelo, lo que debe hacerse por superficies suficientes y no por parcelas individualmente consideradas. Pero en el presente caso, no sólo es que las parcelas disten más de 6 kilómetros de la Zona de Protección, sino que tampoco concurren los requisitos que tal clasificación exige, según las pruebas documental y pericial aportadas. Por ello, y dado que la Administración tampoco ha acreditado que los terrenos circundantes y cercanos sí reunían esas características (para que proceda el tratamiento por zonas), el TSJ anula los preceptos correspondientes del Plan. No obstante, no accede a reconocerles el carácter de recomendaciones, como pedían las recurrentes, porque no le corresponde a la jurisdicción tal declaración de alcance.

El TS desestima el recurso de casación de la Junta de Andalucía, quien en primer lugar alegaba incongruencia extra petitum, por no haberse pedido la declaración de nulidad. Entiende la Sala que tal declaración era la única decisión correcta, pues no le es dado a la Sala de instancia declarar el carácter de recomendaciones.

En segundo lugar, la Junta aducía la infracción de la presunción de veracidad del Plan de Ordenación Territorial. Esta alegación también es desestimada por el TS, que señala que esta presunción no impide que en el proceso se practiquen pruebas conducentes a demostrar lo contrario. En este caso, su valoración ha llevado al TSJ a declarar que no concurren los requisitos exigidos, por lo que queda desvirtuada esta presunción.

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STS, Sala Tercera, de 17 de febrero de 2016 (rec. cas. 1256/2014).- El TS resuelve el recurso de casación interpuesto por los propietarios de la parcela contigua a la de la Ermita de San Juan Bautista de Teulada (Alicante), que habían visto desestimado su recurso contencioso-administrativo contra la Modificación Puntual del PGOU de Teulada, que venía a corregir el error de calificación de la parcela de la Ermita: se le asignaba un uso residencial y se corrige por equipamiento privado educativo cultural religioso. También denunciaban que este cambio suponía una cesión de un bien público a una entidad privada, toda vez que la corrección del grafiado implicaba que dejaba de ser vial la parte del mismo que enfrenta con la Ermita y con la vivienda de su propiedad, siendo esa parte por la que accedían a su finca.

La Sala de instancia comienza recordando la doctrina del TS sobre el error en el planeamiento: sólo puede acudirse al art. 105 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) cuando el error material o de hecho es ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayor razonamiento y que se exterioriza por su sola contemplación. Cuando el error no tenga tales características, deberá acudirse al procedimiento de modificación del Plan, como sucede en este caso.

Por lo demás, el TSJ desestima el recurso atendiendo a que en el PGOU anterior, la calificación era de equipamiento religioso; y que de la ficha catastral de la finca de los recurrentes se desprende que no tiene acceso por el vial litigioso, a pesar de lo que dicen las certificaciones del Registro de la Propiedad. Se vuelve a la situación del PGOU anterior, lo que acredita que antes de la modificación, el vial no era tal, al menos desde el punto de vista urbanístico, respondiendo la corrección a un error del grafiado.

El TS recuerda que la Sala de instancia no resolvió según lo dispuesto en la Ley del Catastro, sino a la luz de todas las pruebas practicadas y que conducen a lo ya señalado. El motivo por el que se alude a la Ley del Catastro es para desacreditar la tesis de los recurrentes de que la descripción de las lindes de una finca registral no se presume cierta iuris et de iure. Asimismo, señala que el Registro no da fe de la superficie de las parcelas y de los linderos, pues la presunción registral alcanza exclusivamente a los datos jurídicos y no las circunstancias de hecho (que son sobre las que se pronuncia el TSJ). Y termina negando la vulneración de su propia doctrina sobre el error, pues se ha empleado el procedimiento que ofrece las debidas garantías para enmendarlo.

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STS, Sala Tercera, de 17 de febrero de 2016 (rec. cas. 1321/2014).- La Junta de Andalucía y Gabriel Rojas, S.L. recurren en casación la sentencia del TSJ de Andalucía (sede en Sevilla) recaída en el recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de la Junta de Andalucía de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la entidad mercantil. La reclamación trae causa de una alegada limitación singular de su derecho de propiedad derivada de una Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura, sobre medidas a adoptar tras las intervenciones arqueológicas efectuadas en las inmediaciones de la finca propiedad de la mercantil.

El tribunal a quo entendió que concurrían los requisitos de la responsabilidad patrimonial por vinculación o limitación singular: que la finca sufra una restricción del aprovechamiento urbanístico; que ésta se traduzca en un beneficio para el resto de usuarios; y que la limitación sea susceptible de distribución equitativa.

En lo que interesa, la Junta recurrió en casación por entender que el TSJ aplicaba indebidamente el art. 35.b TRLS08, pues éste se refiere a vinculaciones o limitaciones singulares derivadas del planeamiento, y en el caso presente la limitación deriva de la normativa de protección del patrimonio histórico. Sin embargo, el TS coincide con la Sala de instancia en que se trata de una limitación de naturaleza igualmente urbanística, pues la Resolución de la Consejería de Cultura no es más que la mera concreción de la intervención prevista en el Plan General de Camas. Este Plan establece no sólo la obligación del promotor de realizar una prospección arqueológica no destructiva, sino también la emisión del informe preceptivo del Delegado Provincial de Cultura, determinante del daño que se pretende resarcir.

En cualquier caso, señala el TS que procedería igualmente la indemnización con arreglo al art. 139.1 LRJPAC, como tiene dicho en alguna otra sentencia.

El recurso de casación de Gabriel Rojas, S.L. se dirigía a atacar la determinación de la cuantía indemnizatoria, toda vez que la Resolución ha determinado la imposibilidad de edificar un hotel en la finca, para lo que adquirió los terrenos. No puede alegar los principios de buena fe y confianza legítima, pues las obligaciones señaladas se derivan del PGOU y del Plan Parcial, de cuya redacción se encargó Gabriel Rojas, S.L. Así, los costes de la prospección no son indemnizables. Tampoco se admite la pretensión de que se indemnice por el valor de compra, por dos razones (apuntadas por el TSJ): no sólo se desconocería el propio fundamento de la reclamación de responsabilidad, sino que no se trata de compensar la privación del terreno (del que sigue siendo propietario), sino únicamente la restricción del uso o aprovechamiento.

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STS, Sala Tercera, de 25 de febrero de 2016 (rec. cas. 2754/2014).- El TS confirma la sentencia del TSJ de Castilla y León (sede en Burgos) recaída en el recurso contencioso-administrativo presentado por el propietario de una parcela afectada por la modificación del PGOU de Segovia para adaptarlo al Plan Especial de las Áreas Históricas y otras zonas de Segovia. No concurren, según el TSJ, los requisitos para la categorización como suelo rústico de especial protección y sí los del suelo urbano consolidado: forma parte del núcleo de población y cuenta con todos los servicios urbanísticos (acceso rodado, alcantarillado, red de saneamiento municipal, abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público). Por otro lado, la parcela litigiosa forma, junto a otras dos, una única finca registral, y no es razonable que de las tres parcelas ésta se considere suelo rústico protegido y las otras dos, suelo urbano consolidado, pues no se aprecian diferencias que puedan justificar el desigual tratamiento. Se producía así una restricción injustificada del aprovechamiento urbanístico de la parcela. No obstante, no puede el TSJ reconocer la condición de solar a la parcela, como solicita la recurrente, pues ante la anulación de la clasificación del planeamiento, debe ser la Administración urbanística quien califique la parcela, en ejercicio de su ius variandi.

En su recurso de casación, el Ayuntamiento de Segovia aduce la incorrecta clasificación de la parcela por la sentencia, así como la lesión del art. 20.3 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español.

El TS recuerda que la clasificación del suelo es una potestad sumamente reglada, debiendo ajustarse a la realidad material (la “fuerza normativa de lo fáctico”). De este modo, la Sala confirma el concepto de suelo urbano consolidado empleado por el TSJ y apunta a su definición en el art. 12.3 TRLS08. También recuerda que la mera existencia de los servicios urbanísticos no es suficiente para clasificar como suelo urbano, si no se encuentra éste enclavado en la malla urbana (para evitar que por la mera proximidad a la malla, los propietarios se beneficien del esfuerzo urbanizador ajeno). Y, dado el limitado alcance que debe tener en sede casacional la revisión de la prueba, el TS asume los datos fácticos de la sentencia de instancia y confirma el fallo en lo relativo tanto a la anulación de la clasificación como suelo rústico protegido como a la clasificación como suelo urbano consolidado.

No entra el TS a valorar la infracción del art. 20.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, al no tratarse de un precepto alegado en la instancia o aplicado por la sentencia.

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STS, Sala Tercera, de 2 de marzo de 2016 (rec. cas. 1626/2015).- La Asociación Cultural Ciudad Sostenible se personó en la fase de ejecución de la sentencia anulatoria de la Modificación del PGOU de Valladolid por Orden FOM/256/2003, de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, no habiendo sido parte en la fase declarativa previa. La sentencia únicamente declaraba la nulidad de la Modificación. La Asociación interpuso recurso de casación contra el auto que declaraba la total ejecución y el archivo de las actuaciones, tras haberse publicado la sentencia.

En particular, la Asociación interesa que se declare al Alcalde de Valladolid responsable de la ejecución consistente en obtener las cesiones y dotaciones correspondientes sin esperar a la revisión del PGOU (del fallo se derivaba la nulidad de una modificación del PGOU que conllevaba que varios propietarios hubieran obtenido aprovechamientos urbanísticos por encima de lo permitido sin asumir las debidas cargas).

El TSJ entiende fundamentalmente que en casos de nulidad de disposiciones de carácter general, la ejecución se agota con la publicación, pues aquí no se ha reconocido una situación jurídica individualizada. Además, no puede afectar a las licencias de obras firmes otorgadas según el Plan nulo (art. 73 LJCA), por lo que no cabe más ejecución que la publicación. Sin embargo, un voto discrepante en el auto recurrido afirma que tal circunstancia no impide que se monetaricen las cesiones no entregadas.

El TS recuerda que la nulidad radical de una disposición general tiene efectos ex tunc, reviviendo la norma anterior a la anulada. Es cierto que esa declaración de nulidad no conlleva por sí misma la de las licencias firmes otorgadas con anterioridad, pero ello no quiere decir que sean inatacables: pueden ser objeto de impugnación indirecta. La Sala entiende, por tanto, que el TSJ debió haber realizado una actividad más intensa que precise en qué medida se puede restablecer la realidad anterior, y de no serlo, que declare la imposibilidad legal o material de hacerlo, fijando en su caso la indemnización que proceda. No obstante, no puede el TS pronunciarse sobre los pedimentos de la recurrente, pues presupondría un reconocimiento implícito de esa imposibilidad, y en todo caso no queda claro que las cesiones sean consecuencia directa del fallo y no de una inadecuada ejecución del planeamiento (pues la nulidad de la Modificación se debió a defectos de procedimiento y competencia).

En definitiva, el TS casa los autos recurridos y ordena que prosiga la ejecución de la sentencia.

Texto completo.

 

 

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