Miércoles, Septiembre 26, 2018

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

  • STSJ Madrid 32/2016. El TSJ confirma la sanción al Ayuntamiento de Loranca de Tajuña por vertido de aguas residuales imputable a una entidad urbanística de conservación.
  • STSJ Madrid 36/2016. Anulación de la orden de clausura de un local del Ayuntamiento de Madrid, por referirse a licencias anteriores a la entrada en vigor del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
  • STSJ Madrid 37/2016. El TSJ ordena al Ayuntamiento de Madrid que otorgue una licencia de terraza por ser de aplicación la normativa vigente en el momento de la solicitud.
  • STSJ Madrid 39/2016. El precinto cautelar de un local sólo puede realizarse respecto de aquellas partes no licenciadas del mismo, no de todo.
  • STSJ Madrid 85/2016. El Hospital de Fuenlabrada no está exento del IBI, por no estar “directamente afecto” a una actividad educativa.

 

STSJ Madrid núm. 32/2016, de 27 de enero.- El Ayuntamiento de Loranca de Tajuña recurre la sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Tajo a causa del vertido de aguas residuales urbanas sobre el terreno, siendo susceptible de contaminar la masa de aguas subterráneas pero sin haberse producido daños al dominio público hidráulico.

El TJS aprecia la concurrencia de culpabilidad, toda vez que, si bien es cierto que el mantenimiento y la conservación corresponden a la entidad urbanística de conservación, el titular de las instalaciones de evacuación de aguas residuales es el Ayuntamiento. Hay culpa in vigilando, pues el Ayuntamiento, a título de simple inobservancia (art. 130 LRJPAC), no vela por el correcto funcionamiento de los elementos de la red de saneamiento y evacuación de vertidos.

No obstante, el TSJ estima parcialmente el recurso, al haberse reducido la sanción correspondiente al tipo infractor con posterioridad a su imposición. La calificación pasa así de menos grave a leve, en virtud del principio de Derecho penal de aplicación de la ley más favorable.

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STSJ Madrid núm. 36/2016, de 27 de enero.- Inmuebles Comerciales Alameda, S.A. apela la sentencia del Juez de lo Contencioso-Administrativo que desestima su recurso contra la orden de clausura de un local dictada por el Ayuntamiento de Madrid. La Corporación entendía que funcionaba sin las preceptivas licencias previas de instalación y funcionamiento.

La Sala comienza reconociendo que el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL), así como el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, exigen licencia urbanística para el desarrollo de actividades comerciales y la apertura de establecimientos industriales y mercantiles. De este modo, previamente al inicio de la actividad es necesario obtener una licencia de instalación y funcionamiento que compruebe su adecuación al proyecto presentado. Así, cuando esta licencia no existe, basta para ordenar la clausura con dar previa audiencia al interesado.

No obstante, el debate se refiere a documentos datados en 1.954, fecha en que no estaban vigentes las normas citadas. La Sala cita una sentencia propia, dictada en la pieza de medidas cautelares de la que emana el litigio, en que aprecia que en 1.954 se otorgó una licencia para garaje. Aplicó al caso la disposición transitoria 2ª RSCL, que dispone que se respetarán las actividades iniciadas antes de su entrada en vigor cuando estén debidamente autorizadas.

Aunque es cierto que no hay una autorización formal, la Sala ignora en qué forma se producían las autorizaciones en 1.954, y la licencia de instalación de la recurrente aparece informada favorablemente por la Sección de Arquitectura municipal. Y, dado que en aquella época no se exigía licencia de funcionamiento, no procede acordar la clausura del local. El TSJ estima así la apelación de la recurrente y anula la orden de clausura.

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STSJ Madrid núm. 37/2016, de 27 de enero.- Café Marula, S.L. apela la desestimación de su recurso contencioso-administrativo, por el Juez de lo Contencioso-Administrativo, contra la denegación de licencia de instalación de terraza de veladores. La desestimación se basa en que, posteriormente a la solicitud, el Ayuntamiento de Madrid aprobó el Acuerdo de declaración de “Zona de protección acústica especial correspondiente al Distrito Centro”, que entiende de aplicación. No se restringe así derecho alguno, pues lo que genera el derecho es la concesión de la licencia, no la solicitud.

La Sala recuerda que las licencias urbanísticas son actos estrictamente reglados, de modo que la intervención administrativa debe limitarse a realizar un juicio técnico sobre el proyecto técnico que se acompañe y su ajuste a la legislación urbanística aplicable. Ni siquiera debe acreditarse el derecho posesorio o dominical sobre el terreno, porque las licencias se conceden “a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros”.

La Disposición Transitoria del Acuerdo dispone que se aplicará a partir de su entrada en vigor, y una de las exigencias del principio de seguridad jurídica es la irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (como demuestran las disposiciones transitorias 1ª de la Ordenanza de Tramitación de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento y 2ª de la LRJPAC). Por ello, el TSJ anula la denegación y ordena al Ayuntamiento que conceda la licencia solicitada.

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STSJ Madrid núm. 39/2016, de 27 de enero.- Pescaderías Coruñesas, S.L. e Inversiones La Grotta, S.L. apelan la desestimación por el Juez de lo Contencioso-Administrativo de la medida cautelar solicitada, consistente en suspender la ejecutividad del precinto cautelar acordado por el Ayuntamiento de Madrid. Esa resolución precintaba un local por carecer de licencia para ciertas ampliaciones realizadas.

El TSJ entiende que respecto de las partes que no cuentan con la preceptiva licencia no concurren los requisitos para la suspensión (para el aseguramiento de la efectividad del fallo: apariencia de buen derecho, periculum in mora, ponderación de intereses público y privado). Pero, en aplicación del principio de menor intervención, la clausura ha de limitarse a las partes no licenciadas, por lo que se estima parcialmente la apelación y se suspende la ejecutividad del precinto en lo relativo a los elementos que cuentan con licencia.

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STSJ Madrid núm. 85/2016, de 2 de febrero.- El TSJ desestima que el Hospital de Fuenlabrada pueda estar exento de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con base en la exención del art. 104 TRLHL, que dispone que estarán exentos del impuesto los inmuebles directamente afectos a actividades educativas.

Aunque el Hospital (compuesto de varios edificios) haya suscrito numerosos convenios con entidades educativas y universitarias, la Sala entiende que se trata de un centro “directamente afecto” al servicio sanitario, de modo que no opera la exención citada, aunque sus instalaciones puedan destinarse también a otros usos, como el educativo. La exención exige la “afección directa” al uso educativo, y es claro que tal afección, en el caso del Hospital, es al uso sanitario.

Además, la Comunidad de Madrid no especifica qué porción del espacio de los edificios del Hospital está destinada a ese uso educativo, ni se especifica cuáles son tales espacios o si existen aulas, ni qué proporción representan éstas.

El TSJ estima así la apelación presentada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

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