Miércoles, Septiembre 18, 2019

REPOSITORIO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • STC 237/2015: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a la documentación, publicación del anuncio licitación y plazo de presentación de ofertas en los procedimientos simplificados.

En la Sentencia 237/2015, de 19 de noviembre de 2015 (BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 2015) el Pleno del Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad 6720-2011 interpuesto por el Presidente del Gobierno contra diversos preceptos de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de las Cortes de Aragón, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón.

Concretando el recurso, son objeto del presente proceso constitucional los arts. 6.1 y 2 y 10 –en su integridad y, subsidiariamente las letras c), d) y f) de su apartado segundo– de la Ley de las Cortes de Aragón 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón. A estos preceptos legales reprocha el Presidente del Gobierno inconstitucionalidad mediata por contravención de la normativa básica estatal en materia de contratación pública contenida en el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Concretamente, los apartados primero y segundo del art. 6 de la Ley aragonesa se impugnan por su incompatibilidad con los arts. 146 y 151.2 de este texto refundido, en tanto que al art. 10 se le achaca, además, la contravención de lo dispuesto en los arts. 138, 142.1 y 159, siempre del texto refundido de la Ley de contratos del sector público.

El Tribunal Constitucional estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declara inconstitucionales y nulos los siguientes preceptos e incisos de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón en la redacción impugnada:

a) El inciso «y simplificados en los que se haya optado por no constituir Mesa de contratación» del artículo 6.1. Puesto que la delimitación objetiva de los procedimientos contractuales susceptibles de tramitación simplificada que figura en el art. 10.1 de esa misma Ley aragonesa, y a la que se remite el artículo 6.1 cuando delimita los procedimientos en los que se permite declaración responsable, no resulta compatible con lo establecido por el art. 146.4 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Concretamente, impide que los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas particulares propios de cada contrato hagan uso de la habilitación que les confiere la norma básica estatal en punto al cumplimiento de las obligaciones documentales mediante el recurso a una declaración responsable.

b) El inciso «en el plazo de cinco días hábiles» del artículo 6.2. que difiere del artículo 151.2 del Texto refundido de la Ley de contratos del sector público, puesto que ésta última establece un plazo de diez días hábiles para la satisfacción de las obligaciones documentales que al empresario le competen, de tal manera que no podrá ser inferior, es decir, que no se puede ver reducido el ya citado plazo de carácter estatal por una normativa autonómica.

c) El artículo 10.2 c). El Alto Tribunal entiende que el precepto autonómico en la redacción impugnada no se adecua a las exigencias de publicidad establecidas en la base estatal. En aras de los principios de publicidad de la actividad contractual sostenida con fondos públicos y de transparencia de la actuación administrativa, el art. 142.1 del Texto refundido de la Ley de contratos del sector público ha impuesto la inserción obligatoria —con la sola excepción de los procedimientos negociados distintos de los previstos en el art. 177.1 y 2— de los correspondientes anuncios en los diarios oficiales: «Boletín Oficial del Estado», diarios autonómicos o provinciales, según sea el caso.

d) El artículo 10.2 d). Acorde a la exposición del Abogado del Estado, lo que se debe permitir es, o bien el mantenimiento del plazo de la legislación estatal, o bien su ampliación hasta el doble del tiempo por los legisladores autonómicos, pero nunca es posible su reducción o acortamiento, no siendo además posible diferenciar claramente el alcance de la norma autonómica de desarrollo. Todo ello puesto en referencia con los plazos mínimos para la presentación de proposiciones en los expedientes objeto de tramitación urgente y de tramitación ordinaria, destacando aún más éste último, puesto que es donde la contradicción entre la norma estatal y la autonómica es rotunda e insalvable.

e) El inciso «en el plazo de cinco días hábiles» del artículo 10.2 f), cuya motivación está en una remisión expresa al artículo 6.1.

Texto completo.

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