Domingo, Agosto 25, 2019

REPOSITORIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

  • STJUE de 6 de octubre de 2015 (Base Company). Sobre la posibilidad de gravar al propietario de torres de difusión de telecomunicaciones.
  • STJUE de 6 de octubre de 2015 (Orizzonte Salute). Sobre el establecimiento de tasas judiciales en el orden contencioso-administrativo en el ámbito de los contratos públicos.
  • STJUE de 15 de octubre de 2015 (Grupo Itevelesa). Sobre el ajuste al Derecho de la Unión de la regulación de las ITV en Cataluña.

 

STJUE de 6 de octubre de 2015 (asunto C-346/13, Base Company).- Un tribunal belga plantea una cuestión prejudicial ante el TJUE en la que pregunta si se ajusta al art. 13 de la Directiva 2002/20/CE, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

El litigio principal se suscita ante la impugnación de unas liquidaciones giradas a Base Company de un impuesto que grava a los propietarios de los postes y torres de difusión de comunicaciones, en los que se sitúan las antenas, aunque no sean los titulares de la autorización de derecho de uso de radiofrecuencia de la Directiva.

El TJUE entiende que el art. 13 de la Directiva se refiere únicamente a la autorización, por lo que no se opone a que se grave la propiedad de los postes, aunque éstos se destinen a alojar antenas. En definitiva, tal gravamen no puede considerarse un canon a efectos del art. 13 de la Directiva. Texto completo.

 

STJUE de 6 de octubre de 2015 (asunto C-61/14, Orizzonte Salute).- El TJUE resuelve una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal contencioso-administrativo italiano sobre el ajuste de las tasas judiciales en ese orden jurisdiccional a la Directiva 89/665/CEE, en relación con la impugnación de resoluciones de adjudicación de contratos públicos.

El tribunal remitente plantea la cuestión de si se ajusta a la Directiva y a los principios de equivalencia y efectividad el hecho de que en el orden contencioso-administrativo italiano las tasas son más elevadas que en el orden civil.

Entiende el TJUE que no se vulnera el principio de equivalencia en cuanto éste exige que reciban igual tratamiento los recursos basados en la infracción del Derecho nacional o de la Unión, pero no cuando se refieran a contenciosos de distinta naturaleza o rama del Derecho.

Tampoco se vulnera el principio de efectividad porque el importe de las tasas no supera en ningún caso el 2% del importe del contrato, con lo que no se disuade del recurso judicial ni se limita el ejercicio a la tutela judicial efectiva (art. 47 de la Carta).

Por último, tampoco serán contrarias a estos principios las tasas múltiples o acumulativas en el mismo proceso, cuando se refieran a motivos o recursos cuyo objeto es distinto del ya tasado. Texto completo.

 

STJUE de 15 de octubre de 2015 (asunto C-168/14, Grupo Itevelesa y otros).- El TS eleva una cuestión prejudicial al TJUE en la que hace varias preguntas:

1. Si es aplicable al régimen de establecimiento  de ITV la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios del mercado interior (Directiva de servicios). El TJUE responde que no, pues la exclusión que se hace en su art. 2 de los «servicios en el ámbito del transporte» abarca también la ITV. En consecuencia, serán de aplicación las normas sobre libertad de establecimiento del TFUE.

2. Si la facultad de inmovilización cautelar del vehículo debe entenderse como ejercicio de la autoridad pública a efectos del art. 51 TFUE. Contesta el TJUE que no, pues está sometida a supervisión y control administrativo, y carece de poder de coerción o compulsión física.

3. Si los requisitos establecidos en la normativa reglamentaria catalana sobre ITV se oponen al art. 49 TFUE (libertad de establecimiento). El TJUE señala que los requisitos son una restricción a la libertad de establecimiento, que admite excepciones que deberá examinar el TS, cuando se justifiquen por razones imperiosas de interés general (como la protección de los consumidores o la seguridad vial). No obstante, da criterios en los que concluye que las distancias mínimas entre iTV y el límite del 50 por ciento de cuota de mercado no son adecuados para garantizar la protección de los consumidores ni la seguridad vial. Texto completo.

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