TRIBUNAL SUPREMO

STS 3332/2015/2015, Sala 3, Sección 7, de 1 de julio del 2015. Este recurso tiene su origen en la reclamación indemnización por parte de una empresa contratista adjudicataria de una obra pública para restablecer el desequilibrio económico que en su criterio se había producido en la economía del contrato de obra pública por la subida del precio de los bituminosos. Tras la estimación de esta pretensión en primera instancia, la Administración General del Estado interpone este recurso de casación.

Como se recuerda en dicha sentencia, el contrato de obras es un contrato de resultado regido por el principio de riesgo y ventura cuya significación principal se resume en lo siguiente: el contratista debe soportar las consecuencias económicas positivas o negativas que se deriven de las contingencias favorables y desfavorables que sucedan durante la ejecución del contrato, salvo que sean reconducibles a las categorías jurídicas de fuerza mayor o riesgo imprevisible, o tengan su origen en decisiones de la administración contratante o en incumplimientos imputables a esta última.

El recurrente, la Administración General del Estado, considera que no se han dado ninguna de las circunstancias que derivarían en el deber de la Administración al restablecimiento del equilibrio económico del contrato.  Esto es, modificaciones del contrato inducidas por la Administración, fuerza mayor o supuestos de revisión previstos en el propio contrato. Asimismo considera que la subida del precio de los bituminosos no fue una subida imprevisible.

El Tribunal Supremo desestima las alegaciones del recurrente ya que considera que lo esencial en este supuesto no era determinar si la subida del precio de los bituminosos fue un riesgo imprevisible, tal y como alega el recurrente en casación. Para el TS la principal razón de decidir de la sentencia recurrida - y por lo tanto la suya- no fue la calificación de la elevación de precios como “circunstancia imprevisible”, sino que la ponderación de que tal elevación, por haber tenido lugar durante un periodo de prolongación del contrato decidido solamente por la Administración contratante, constituyó un daño o gravamen económico para el contratista que tuvo su única causa en esa actuación administrativa.

En conclusión, la Administración está obligada a restablecer el desequilibrio económico del contrato ya que al haber decidido prolongar el contrato durante ese periodo de tiempo en el que el precio de los bituminosos se elevó de forma drástica, ha causado un daño o gravamen al contratista que éste no tiene el deber de soportar. Texto completo. 

 

STS 3533/2015, Sala 3, Sección 7, de 6 de julio del 2015. El TS resuelve el recurso interpuesto por un miembro de la Iglesia Cristina Adventista del Séptimo Día que concurrió a un proceso selectivo convocado por la Junta de Galicia para ingresas al Cuerpo de Maestros en la especialidad de Educación Infantil.  Dichas pruebas se convocaron un sábado. El recurrente manifestó a la hora de solicitar su participación en el proceso selectivo su condición como miembro de la Iglesia Cristina Adventista y manifestó que el sábado, día en el que se convocaron las pruebas, era un día de precepto religioso para él. Asimismo pidió que se realizase la prueba otro día diferente.  Su petición fue desestimada y el recurrente no asistió a la realización de la prueba, y por lo tanto, fue excluida del proceso selectivo.

El Tribunal Supremo realiza en esta sentencia una ponderación entre el derecho fundamental a la libertad religiosa y el principio de igualdad y unidad de llamamiento. Esto es, si esta particular manifestación del derecho fundamental a la libertad religiosa – cambiar la fecha de la oposición-  debe ceder o no ante el principio de igualdad y unidad de llamamiento. 

El TS recuerda que el derecho fundamental a la libertad religiosa es un derecho reconocido por la Constitución y que ha sido desarrollado tanto por Ley Orgánica como por leyes que regulan su ejercicio respecto de los miembros de determinadas confesiones en virtud de acuerdos con ellas.  Una de estas leyes es la Ley 24/1992,de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, cuyo artículo 12.3 dispone que, en el caso de que los exámenes, oposiciones o pruebas selectivas convocadas para el ingreso en Administraciones Públicas se celebren en sábado, se propondrá una fecha alternativa para los miembros de la Iglesia Adventista salvo “cuando no haya una causa motivada que lo impida”.

A continuación, este Tribunal considera que la Junta de Galicia no ha identificado una causa que posea la entidad necesaria para imponer la solución que el legislador ha considerado como excepción. Y ello cuanto la posibilidad de examinarse en fechas distintas y con exámenes diferentes es una práctica legalmente admitida y utilizada en nuestro país, como sucede por ejemplo con los exámenes de la UNED. Asimismo, en otros supuestos relacionados con la maternidad inminente o con impedimentos físicos derivados de una intervención quirúrgica, no ha habido impedimento en cambiar  la fecha del proceso selectivo en aras de salvaguardar el principio de igualdad y unidad de llamamiento. Por todo ello, el Tribunal Supremo estima que en este supuesto se debe privilegiar el derecho fundamental a la libertad religiosa, y por lo tanto, anula la sentencia recurrida lo que implica que se le reconoce al recurrente el derecho a que se siga respecto de ella el proceso selectivo. Texto completo. 

 

 

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