Martes, Junio 25, 2019

REPOSITORIO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • STC 171/2014: Competencias sobre crédito, ordenación general de la economía y hacienda: inconstitucionalidad del precepto foral relativo a la aplicación en las entidades locales de las medidas de reducción de costes de personal. Voto particular.

 

En la Sentencia 171/2014, de 23 de octubre de 2014 (BOE núm. 282, de 21 de noviembre de 2014), el Pleno del Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 8.2 de la Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad Foral de Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Para el Abogado de Estado esta norma contradice el mandato contenido en el art. 14.2 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (en adelante, Real Decreto-ley 8/2010), incurriendo así en inconstitucionalidad mediata, al vulnerar el título competencial del Estado contenido en el art. 149.1.14 CE o, subsidiariamente, la competencia básica estatal del art. 149.1.11 y 13 CE.

Según el Tribunal, tanto la norma foral como la estatal se refieren a los límites al endeudamiento de las entidades locales. En concreto, la contradicción que se encuentra en el origen de esta controversia se refiere a las condiciones que deben concurrir para que pueda autorizarse por el órgano competente la concertación de operaciones de crédito. De acuerdo con su tenor, el art. 8.2, primer párrafo, de la Ley foral 12/2010 permite el endeudamiento de las entidades locales cuando éstas tengan obras acogidas a los planes de infraestructuras e inversiones locales, y siempre que dicha financiación se destine a financiar el porcentaje de aportación que les corresponda, una vez comprobada por el Departamento de Administración local la viabilidad económica del proyecto. De otro lado, en la dicción vigente del art. 14.2 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, tras las modificaciones acometidas por la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, se establecen las condiciones de endeudamiento con carácter indefinido. Dichas condiciones de endeudamiento son flexibles, de manera que se supedita la concertación de nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, pero se admite en todo caso que aquellas entidades locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo el 75 por 100 de los ingresos corrientes liquidados, no supere al establecido en el art. 53 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, puedan concertar operaciones de endeudamiento siempre que así lo autorice el “órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales”. Para el Tribunal, persiste una contradicción formal entre ambos preceptos, pues la norma foral no se refiere al endeudamiento neto que ya tuvieran estas entidades locales, sino que vincula la posibilidad de endeudarse únicamente al destino de dicho endeudamiento, omitiendo los criterios a que se refiere la norma estatal de contraste (FJ 7).

Constatada de esta manera la contradicción entre ambos preceptos, se declara la inconstitucionalidad del art. 8.2, primer párrafo, de la Ley foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad Foral de Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Texto completo.

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