Martes, Julio 17, 2018

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  • Informes Junta Consultiva de Contratación Adva. de la CAM


    Modificación de los modelos de Pliegos de cláusulas administrativas particulares informados por la Junta Consultiva de Contratación.La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su Acuerdo 2/2006, de 21 de febrero, aprueba una modificación de los modelos de Pliegos cláusulas administrativas particulares informados por la propia Junta Consultiva, adaptándoles a lo dispuesto en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid. Esta modificación consiste en incluir en los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares informados por esta Junta Consultiva, en la cláusula denominada “Resolución del contrato”, al final de la enumeración de las causas de resolución, una nueva causa con la siguiente redacción: “- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sanción muy grave, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2.1 de dicha Ley.”Más información.

    Facultades de la Presidenta de la Junta Consultiva de Contratación para realizar adaptaciones de los modelos de Pliegos. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su Acuerdo 1/2006, de 21 de febrero, acuerda facultar a su Presidenta para realizar determinadas adaptaciones de los modelos de Pliegos de cláusulas administrativas particulares informados por la propia Junta Consultiva, como consecuencia de cambios normativos que, sin afectar a la estructura y contenido básico de los pliegos, suponga la obsolescencia de alguna norma o párrafo citado en los mismos, dando cuenta a la Comisión Permanente.Más información.

  • Informes de la Junta Consultiva de Contratación Admva.


    Incompatibilidad de concejales y sus cónyuges para contratar con la Administración. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su Informe 48/05, de 24 de marzo de 2006, se ocupa de recordar sus abundantes pronunciamientos anteriores acerca de la incompatibilidad para contratar con las Administraciones Públicas, en relación con la anterior legislación legislación de contratos del Estado. Conforme a esta doctrina, la incompatibilidad que determina la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas debe apreciarse (art. 20.e) LCAP y art. 178 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General) en los concejales y sus cónyuges, debiendo extenderse a sociedades de las que el concejal o su cónyuge sean administradores únicos, sin que pueda extenderse, por el contrario, a otras sociedades administradas por personas jurídicas de las que el concejal o su cónyuge sean administradores únicos. Éste último inciso se ha de aplicar salvo que se le aplique la doctrina jurisprudencial del fraude de Ley o del levantamiento del velo. También se ocupa de la incompatibilidad para contratar de un concejal el Informe 6/06, de 24 de marzo de 2006, el que, además, la Junta Consultiva se pronuncia sobre la responsabilidad de la empresa adjudicataria si no comunica al órgano de contratación las subcontrataciones que realice de la obra ejecutada.Más información.


    Contratos de suministro de energía eléctrica: sujeción a la LCAP y procedimientos y formas de adjudicación. En el Informe 59/05, de 24 de marzo de 2006, la Junta Consultiva se pronuncia acerca de la intensidad de la aplicación de la legislación de contratos a los supuestos en los que la Administración actúa en el mercado regulado de las empresas proveedoras del suministro eléctrico. La Junta Consultiva concluye afirmando que la vigente LCAP determina la sujeción de los contratos de suministro de energía eléctrica que se realicen a las Administraciones Públicas, lo que incluye la exigencia de acreditación de solvencia y de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Por lo que respecta a los procedimientos y formas de adjudicación, la Junta establece que habrán de elegirse aquellos que resulten más adecuados a las circunstancias concurrentes, incluso el procedimiento negociado (con publicidad o sin publicidad).Más información.

  • Informes de la Junta de Contratación Local


    Modalidad de pago en contrato privado: libertad de pactos. En relación con la adquisición de terrenos por parte de un Ayuntamiento, partiendo de su calificación como contrato privado de la Administración, el Informe 1/06, de 24 de marzo de 2006, la Junta Consultiva de Contratación afirma que la fórmula de pago es un aspecto de los efectos o ejecución del contrato, rigiéndose por el Derecho civil, sin que exista en nuestro ordenamiento jurídico norma prohibitiva del pago, parte en metálico y parte en otros bienes.Más información.

    Contrato de servicio de prevención y extinción de incendios: admisibilidad de gestión indirecta por no implicar ejercicio de autoridad.En su Informe 2/06, de 24 de marzo de 2006, la Junta Consultiva, al analizar un contrato de prevención y extinción de incendios, concluye considerando que tal servicio, en principio, no implica el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos y, por tanto, puede ser prestado en régimen de gestión indirecta.Más información.

    Régimen de contratos mixtos: determinación del valor de cada una de las prestaciones. El Informe 3/06, de 24 de marzo de 2006, de la Junta Consultiva de Contratación concluye recordando la exigencia de que en los contratos mixtos, para la aplicación del art. LCAP, debe especificarse el valor o importe de cada una de las prestaciones que lo integran. En todo caso, la no concreción de estos elementos no puede afectar a la ejecución del contrato, ni a los derechos y obligaciones de las partes. Más información.

  • Informes de la Junta de Contratación


    La experiencia como criterio de solvencia. En su Informe 5/06, de 24 de marzo de 2006, la Junta Consultiva aporta una serie de criterios para realizar una valoración objetiva de la experiencia como criterio de solvencia. Entre estos criterios, admite el año de la convocatoria para el cómputo, sin que sea suficiente, para tomarlo como referencia, con que el contrato esté meramente adjudicado, si no que es necesario que esté ejecutado con certificados de buena ejecución expedidos por los órganos adjudicadores, sin que sean suficiente meras relaciones de las empresas.Más información.

    Mantenimiento del equilibrio económico: prórroga de contrato de concesión de servicio público. En el Informe 7/06, de 24 de marzo de 2006, de la Junta Consultiva de Contratación entiende que la prórroga del contrato no prevista en el mismo no puede ser utilizada para mantener el equilibrio económico financiero de la concesión, ni para realizar obras que, aunque sean necesarias, deben tener su encaje en el nuevo contrato a celebrar, dado el inminente vencimiento del actualmente en vigor.Más información.

    Régimen jurídico de la contratación de Autoridades Portuarias. El Informe 8/06, de 24 de marzo de 2006, de la Junta Consultiva de Contratación entiende que los contratos de las Autoridades portuarias no sujetos a la Ley 48/1998, de 30 de diciembre (de contratación en los llamados “sectores excluidos”), se rigen por el Derecho privado y por las normas específicas de contratación, sin que puedan entrar en juego, con carácter supletorio, las de legislación de contratos de las Administraciones Públicas.Más información.

  • Informes de la Junta Consultiva de Contratación


    Declaración de no estar incursa en las prohibiciones de contratar: defectos subsanables. La Junta Consultiva de Contratación, en su Informe 9/06, de 24 de marzo de 2006, tiene oportunidad de pronunciarse sobre la posible aplicación de la doctrina de los defectos subsanables a la declaración responsable prevista en el art. 79.2 LCAP, aportando unas orientaciones generales, si bien la apreciación de defectos subsanables o insubsanables es una cuestión de hecho que habrá de dilucidarse en cada caso concreto.Más información.

    Cauce para solicitar informes a la Junta Consultiva. El Informe 10/06, de 24 de marzo de 2006, de la Junta Consultiva de Contratación, recuerda informes anteriores sobre esta cuestión, sentando la conclusión de que si la solicitud de informes se lleva a cabo por persona u órgano distinto de los mencionados en el art. 17 del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa debe considerarse inadmisible la consulta.Más información.

    Cesión de contrato de construcción y explotación de aparcamientos.El Informe 15/06, de 24 de marzo de 2006, de la Junta Consultiva de Contratación, entiende que en el contrato para la construcción de aparcamientos y su explotación, la aplicación de los porcentajes establecidos en el art. 111 LCAP depende de que la prestación principal, desde el punto de vista económico, sea la de ejecución de obras o la de explotación de los aparcamientos. En este caso concreto, la Junta se inclina por considerar que la prestación principal es la de explotación del servicio y no la ejecución de la obra. Más información.

  • Acuerdo sobre criterios interpretativos para aplicar el art.2.1 LCAP


    • Informe 21/07, de 30 de marzo de 2007. "Acuerdo por el que se adoptan criterios interpretativos para la aplicación del artículo 2.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas". Texto completo.

  • R.D-Ley 4/2007, que restablece la regulación del art. 245.2 RDPH


    Real Decreto-Ley 4/2007 de 13 de abril que restablece la regulación del art.245.2RDPH ,declarado nulo por la STS de 18 de octubre de 2006,-por infracción del principio de reserva de Ley-, al volver a atribuir a los órganos autonómicos y locales competentes la facultad de emitir las autorizaciones relativas a vertidos indIirectos en aguas superficialesTexto completo.

  • Contrato de concesión de servicio pbco.: prórroga, modif. objeto


    Imposibilidad de nuevas prórrogas en el contrato de concesión de servicio público y de modificación del objeto del contrato y prorrogarlo para comprender obras que se dicen necesarias. El Informe 12/06, de 24 de marzo de 2006, entiende que debe mantenerse que a partir de la entrada en vigor de la nueva redacción del art. 67.1 LCAP, llevada a cabo por la ley 53/1999, no es posible mantener el sistema de prórrogas de la anterior legislación y que tampoco resulta posible modificar el objeto del contrato y prorrogarlo para comprender obras que se dicen necesarias, mientras no se acredite que dichas obras deben ser asumidas por el Ayuntamiento y que no pueden incorporarse al presente contrato o a nuevo que se adjudique expirado el período de prórroga. En el mismo sentido, el Informe 54/06, de 11 de diciembre de 2006

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  • Variaciones de mediciones - art. 106.1 Rglto. LCAP


    Interpretación del art. 160.1 del Reglamento General de la LCAP en cuanto a su aplicación a las variaciones de mediciones. En el Informe 16/06, de 30 de octubre de 2006, la Junta Consultiva entiende que el art. 160.1 del Reglamento General es de aplicación tanto al aumento como a las minoraciones en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas. Por otro lado, la utilización del término “variaciones” en este precepto, implica la posibilidad de compensar excesos en la ejecución de determinadas unidades de obra con defectos en la ejecución de otro tipo de unidades de obra sobre las realmente previstas, siendo el “exceso” o “defecto” de medición final aquel sobre el que se aplica el límite del 10 por 100 del precio primitivo del contrato.

  • Pliego de Cláusulas Admvas.; legitimación para solicitar informes


    • Improcedencia de trasladar al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares obligaciones derivadas de un convenio de colaboración ejecutado. En este sentido, el Informe 13/06, de 24 de marzo de 2006.Texto completo.

    • Falta de legitimación de un colegio profesional para solicitar informes a la Junta Consultiva de Contratación. En este sentido, el Informe 36/06, de 30 de octubre de 2006, recogiendo abundante y reiterada doctrina. Texto completo.

  • Operaciones para financiar anticipos de subvenciones a EELL


    Ausencia de limitaciones específicas derivadas de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas respecto a operaciones para financiar anticipos de subvenciones a entidades locales. El Informe 34/06, de 30 de octubre de 2006, entiende que a las operaciones de crédito o préstamo a que ha de acudir la Diputación provincial de Teruel para financiar anticipos a las Entidades Locales no le resultan aplicables limitaciones específicas derivadas de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, sino exclusivamente de los límites, condiciones y procedimiento de la regulación de Haciendas Locales.Texto completo.

  • Utilización justificada del procedimiento negociado


    Utilización del procedimiento negociado cuando solo exista un contratista que pueda realizar el objeto del contrato.El Informe 35/06, de 30 de octubre de 2006, analiza si procede la causa de utilización del procedimiento negociado cuando solo exista un contratista que pueda realizar el objeto del contrato. La concurrencia de esta causa es una cuestión de prueba o justificación que habrá de constar necesariamente en el expediente de contratación, sin que puedan darse reglas generales que permitan ser aplicadas a todos los supuestos que puedan presentarse.Texto completo.

  • Custodia de avales, seguros, etc. por la Tesorería municipal


    La custodia y control de los avales o seguros de caución y garantías provisionales corresponde a la Tesorería municipal en las corporaciones locales.El Informe 37/06, de 30 de octubre de 2006, entiende que en la constitución de garantías provisionales mediante avales o seguro de caución, la falta de determinación por el Ayuntamiento del órgano al que corresponde la custodia y control de los avales, posibilidad derivada de su facultad constitucional de autoorganización, conduce a la conclusión de que la custodia y control de avales corresponde a la Tesorería municipal.Texto completo.

  • Legitimación para solicitar informes a la Junta Consultiva


    Legitimación para solicitar informes a la Junta Consultiva. El Informe 38/06, de 30 de octubre de 2006, se ocupa de esta cuestión, abordada reiteradamente por la Junta Consultiva, sentando la conclusión de que si la solicitud de informe se lleva a cabo por persona u órgano distinto de los mencionados en el art. 17 del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, debe considerarse inadmisible la consulta, sin perjuicio de que la misma pueda volver a ser planteada por alguna de las personas u órganos que menciona el referido artículo 17. En el presente caso hay que tener en cuenta que la consulta se formula no por el Presidente de la Diputación sino por el Diputado Delegado de Patrimonio que dice actuar por delegación y en representación del Presidente, circunstancia que no acredita, ni justifica.Texto completo.

  • Posibilidad de prórrogas tácitas en los contratos privados


    Posibilidad de prórrogas tácitas en los contratos privados. El Informe 38/06, de 30 de octubre de 2006, afirma que es criterio de la Junta que la cuestión de la duración de los contratos y su prórroga constituye un aspecto fundamental de los efectos y extinción de los contratos, sin que esta conclusión pueda quedar desvirtuada por la circunstancia de que la prohibición de prórrogas tácitas venga incluida en el art. 67.1 LCAP referente al expediente de contratación, pues debe entenderse que la citada inclusión obedece a la necesidad de determinar en los pliegos la duración del contratación y de sus prórrogas, pero no pueda alterar la naturaleza de las prórrogas como elemento afectante a los efectos del contrato. En consecuencia, resulta factible admitir prórrogas tácitas en los contratos privados, especialmente en los supuestos citados en el escrito de consulta referentes al arrendamiento y sociedad en el Código civil, arrendamientos urbanos y rústicos en su legislación específica y contratos de seguro.Texto completo.

  • Incompatibilidad de concejales y cónyuges para contratar con la Admon


    La Junta Consultiva de Contratación Administrativa reitera, en su Informe 39/06, de 30 de octubre de 2006, las afirmaciones contenidas en su Informe 48/05, de 24 de marzo de 2006, que se ocupa de recordar sus abundantes pronunciamientos anteriores acerca de la incompatibilidad para contratar con las Administraciones Públicas, en relación con la anterior legislación de contratos del Estado. Conforme a esta doctrina, la incompatibilidad que determina la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas debe apreciarse (art. 20.e) LCAP y art. 178 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General) en los concejales y sus cónyuges, debiendo extenderse a sociedades de las que el concejal o su cónyuge sean administradores únicos, sin que pueda extenderse, por el contrario, a otras sociedades administradas por personas jurídicas de las que el concejal o su cónyuge sean administradores únicos. Éste último inciso se ha de aplicar salvo que se le aplique la doctrina jurisprudencial del fraude de Ley o del levantamiento del velo.

    Informe de 30 de octubre de 2006.

    Informe de 24 de marzo de 2006.

  • Creación de registros de contratistas


    El Informe 40/06, de 30 de octubre de 2006, reitera que la creación de registro de licitadores, como instrumento de simplificación de los trámites administrativos vinculados a la adjudicación de los contratos y sostiene que ha sido siempre considerada como una medida muy interesante no sólo por la propia Junta Consultiva, sino, también, por distintas Comunidades Autónomas, Corporaciones locales, Entidades de Derecho público y demás órganos de contratación. En esta línea, la disposición adicional decimoquinta de la LCAP establece que el órgano de contratación podrá crear registros de licitadores en los que las empresas podrán inscribirse voluntariamente, aportando la documentación acreditativa de su personalidad y capacidad de obrar, así como, en su caso, la que acredite la representación de quienes pretendan actuar en su nombre.

    Aparte de estas afirmaciones generales, este Informe se ocupad de realizar una serie de observaciones a la propuesta de reglamento regulador del registro de contratistas del Ayuntamiento de Laguna de Duero, proponiendo algunas modificaciones.

    Texto completo.

  • Enajenaciones de bienes inmuebles municipales


    En el Informe 41/06, de 30 de octubre de 2006, el reclamante sostiene que su proposición era la más baja al no contener el importe del IVA. Frente a esto, la Junta Consultiva sostiene que esta proposición está en contradicción con la condición 5 del Pliego, que exige el desglose del IVA y con el modelo de proposición del mismo pliego que se refiere al precio, IVA incluido. Dado que los pliegos se caracterizan en el art. 49 LCAP como definidores de los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato, lo que doctrinal y jurisprudencialmente ha permitido afirmar que constituyen la Ley del contrato, debe prevalecer el contenido de los pliegos frente a la indeterminación del modelo publicado, teniendo en cuenta, a mayor abundamiento que en el modelo publicado se indica que la determinación del precio ha de hacerse con arreglo al pliego de cláusulas administrativas que se aceptó incondicionada e íntegramente, sin salvedad alguna. Más información.

  • Incompatibilidad para contratar


    Incompatibilidad de consejero comarcal y su cónyuge para contratos de transporte escolar financiados parcialmente por la Comarca. El Informe 44/06, de 30 de octubre de 2006 entiende que el concejal comarcal y su cónyuge son incompatibles para los contratos de servicio de transporte escolar adjudicados y financiados parcialmente por la comarca, sin perjuicio de la posible aplicación del art. 22 LCAP en cuanto a los efectos de la incompatibilidad en contratos adjudicados. Más información.

  • Contradicción entre el importe expresado en letras y números


    El Informe 45/06, de 30 de octubre de 2006 afirma que ha de rechazarse una proposición en la que se observa una divergencia de cifras expresadas en letras y en número, con independencia de que el pliego haya determinado una preferencia, al no poder determinarse con carácter cierto cuál es el precio realmente ofertado. A mayor abundamiento, señala que el art. 84 del Reglamento de la LCAP establece que si alguna proposición incurre en error manifiesto será desechada por la Mesa en resolución motivada.Texto completo.