Domingo, Mayo 26, 2019

REPOSITORIO

ESTUDIOS DOCTRINALES: La Oficina Nacional de Evaluación: un control reforzado para las licitaciones públicas de la Administración General del Estado y de las Entidades locales

Por Ximena Lazo Vitoria, Profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá.

Hace tiempo que se viene insistiendo en la necesidad de reforzar el sistema de controles sobre la contratación pública. No se trata de una mera preocupación teórica o de corte academicista sino que derivada de la constatación práctica (evidencia hay de sobra) de que este particular ámbito de actuación –extenso y muy complejo- es un “área de riesgo” y que, por lo tanto, requiere de una atención preferente mediante la articulación de afinados mecanismos de vigilancia. En estas coordenadas habría que enmarcar la reciente creación de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) cuya finalidad es asegurar el buen hacer de determinadas licitaciones públicas.

La ONE nace a la vida jurídica de la mano de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 2 de octubre) por la que se modifica la Ley Contratos del Sector Público (nueva “Disposición Adicional trigésimo sexta. La Oficina Nacional de Evaluación”). Su génesis es de difícil glosa: en el Preámbulo de la Ley 40/2015 no hay mención a su existencia (tampoco la hay, por cierto, respecto del resto de no menos importantes modificaciones que la citada norma introduce al texto de la LCSP) y la justificación que acompaña a la respectiva enmienda (nº 201) es de una parquedad francamente desalentadora: “mejora técnica”. No obstante, su configuración, por lo menos en líneas generales, guarda relación con alguna de las líneas estructurales anunciadas en la planificación estratégica del Ministerio de Fomento para los sectores de grandes infraestructuras y de los transportes (PITVI 2012-2024). En dicho documento, en efecto, se prevé la creación de “Centros de Excelencia” en especial, con una unidad específica de seguimiento en el Ministerio de Fomento (similar a la implantada en otros países). Esta unidad, señala el citado Plan, tendrá como objetivo impulsar, regular, controlar y supervisar los proyectos CPP, desde su concepción inicial como proyecto eficiente y rentable, pasando por su diseño contractual y estructura de financiación, hasta el seguimiento continuo del cumplimiento de las obligaciones adquiridas y la evaluación de los resultados (pág. 178). La ONE presenta una configuración más simplificada o, si se prefiere, más modesta de aquella prevista para los citados centros de excelencia del PITVI (ni impulsa ni regula alianzas público privadas y tampoco realiza una supervisión continua de las respectivas obligaciones). Pero, en una senda de gradualidad no es descartable que en un futuro se decida otorgar a la ONE un mayor protagonismo, extendiendo su actuación a los extremos antes indicados. Para ello, sin embargo, habrá que observar primero la virtualidad práctica del mecanismo y su capacidad para enderezar de forma eficaz las decisiones públicas.

Texto completo.

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