Lunes, Agosto 19, 2019

REPOSITORIO

CONTRATOS PÚBLICOS: reforma local y contratación; reforma del régimen de clasificación y solvencia; tasa en el recurso especial contractual

Consideraciones sobre el impacto de la Ley 27/2013 en el régimen de contratación de las entidades locales. Novedades en materia de clasificación y acreditación de solvencia económica y financiera de empresas contratantes con la Administración. Cataluña exige una tasa en el recurso especial en materia de contratación y otras competencias del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público. 

  •  Impacto de la Ley 27/2013 en la Contratación de las Entidades Locales

 Pudiera pensarse que, por no haber modificado ni uno solo de los preceptos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, no va a tener repercusión alguna sobre la contratación de las entidades locales. Esta impresión, sin embargo, es superficial e inexacta (Anuel Lanusse Alcover en el OBCP):

Las entidades locales de ámbito inferior al municipio que puedan crearse en el futuro carecerán de personalidad jurídica y por tanto de capacidad de obrar. Esto les priva de la condición de poderes adjudicadores.

Los municipios con población inferior a 20.000 habitantes solo podrán realizar contratos para la ejecución de determinadas obras y prestación de servicios esenciales cuando justifiquen que pueden hacerse cargo con un coste menor al de la forma de gestión propuesta por la Diputación Provincial. Igualmente, ciertos municipios no podrán licitar contratos que tengan por objeto servicios que ahora asume la provincia en calidad de competencias propias, como el tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes o la asistencia en la prestación de servicios de gestión a la recaudación tributaria y apoyo a la gestión financiera en los de población inferior a 20.000. También la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes quedará circunscrita dentro del círculo de competencias provinciales. 

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  • Reforma en la clasificación y acreditación de solvencia de las empresas

La reforma del TRLCSP por Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público modifica la regulación de la exigencia de clasificación y la forma de acreditar la solvencia económica y financiera de las empresas (Manuel Mesa Vila en OBCP):

Meses antes, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización inició el proceso de reforma del régimen de clasificación para eliminar trabajas a la concurrencia de las pequeñas y medianas empresas de reciente creación facilitando su acceso a los contratos del sector público. Este proceso se culmina en la reforma de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, que elimina la exigencia de clasificación en los contratos de servicios con independencia de su cuantía y el resto de tipos contractuales, aunque la mantiene para los contratos de obra de más de 500.000€. Además, elimina algunos medios previstos para acreditar la solvencia financiera (como las declaraciones apropiadas de entidades financieras) y crea otros nuevos. 

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  • Tasas en el recurso especial en materia de contratación pública

La Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña ha creado una tasa por la realización de actividades competencia del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público que se pueden reconducir a la tramitación de recursos especiales en materia de contratación, cuestiones de nulidad y adopción de medidas provisionales antes de la interposición del recurso. Su importe, de discutible proporcionalidad, oscila entre los 750€ hasta los 5.000€ según el valor estimado del contrato recurrido. 

La Comunidad de Madrid también prevé el abono de una tasa, pero que soportan las entidad contratante contra cuya actuación se presenta el recurso al entender que es a ella a quien se les presta el servicio de resolución del recurso.

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