Jueves, Junio 20, 2019

REPOSITORIO

Contratos publicos: INFORMES DE LA JUNTA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMES DE LA JUNTA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA:

  • Informe 25/09, de 1 de febrero de 2010. «La Alcaldesa del Ayuntamiento de Albacete plantea consulta relativa a si las prohibiciones de contratar afectan a todas las sociedades pertenecientes al grupo de la sociedad incursa en prohibición de contratar».

  • Informe 26/09, de 1 de febrero de 2010. «El Presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) dirige escrito a la Junta preguntando si procede o no la exigencia de clasificación en los contratos de servicios cuya prestación tenga por objeto la gestión de servicios sociales».
Sergio González Quintana
Colaborador del IDL-UAM

 

  • Informe 25/09, de 1 de febrero de 2010. «La Alcaldesa del Ayuntamiento de Albacete plantea consulta relativa a si las prohibiciones de contratar afectan a todas las sociedades pertenecientes al grupo de la sociedad incursa en prohibición de contratar».
    La Junta entiende que las citadas prohibiciones son personalísimas. Ahora bien, si por razón de las personas que rigen una segunda sociedad no incursa en prohibición de contratar o de otras circunstancias, pudiera presumirse, dice el artículo 49.3 de la Ley, que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas incursas en prohibición de contratar, en ese caso la prohibición afectará también a esta segunda sociedad. Además habría que valorar otras circunstancias tales como el objeto social de la segunda sociedad o si los medios humanos y materiales de la sociedad incursa en prohibición de contratar son los mismos o similares a los de la segunda sociedad. Más información.

  • Informe 26/09, de 1 de febrero de 2010. «El Presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) dirige escrito a la Junta preguntando si procede o no la exigencia de clasificación en los contratos de servicios cuya prestación tenga por objeto la gestión de servicios sociales».
    La Junta contesta que en los contratos de gestión de servicios sociales que superen el importe de los 120.000 € no es exigible clasificación a las empresas licitadoras hasta tanto no se apruebe el desarrollo reglamentario en el que se establezcan los grupos y subgrupos en que las empresas que realicen esta actividad deban estar clasificadas. Más información.
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