Jueves, Agosto 22, 2019

REPOSITORIO

Informes de la Junta Consultiva de Contratación Admva.


Incompatibilidad de concejales y sus cónyuges para contratar con la Administración. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su Informe 48/05, de 24 de marzo de 2006, se ocupa de recordar sus abundantes pronunciamientos anteriores acerca de la incompatibilidad para contratar con las Administraciones Públicas, en relación con la anterior legislación legislación de contratos del Estado. Conforme a esta doctrina, la incompatibilidad que determina la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas debe apreciarse (art. 20.e) LCAP y art. 178 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General) en los concejales y sus cónyuges, debiendo extenderse a sociedades de las que el concejal o su cónyuge sean administradores únicos, sin que pueda extenderse, por el contrario, a otras sociedades administradas por personas jurídicas de las que el concejal o su cónyuge sean administradores únicos. Éste último inciso se ha de aplicar salvo que se le aplique la doctrina jurisprudencial del fraude de Ley o del levantamiento del velo. También se ocupa de la incompatibilidad para contratar de un concejal el Informe 6/06, de 24 de marzo de 2006, el que, además, la Junta Consultiva se pronuncia sobre la responsabilidad de la empresa adjudicataria si no comunica al órgano de contratación las subcontrataciones que realice de la obra ejecutada.Más información.


Contratos de suministro de energía eléctrica: sujeción a la LCAP y procedimientos y formas de adjudicación. En el Informe 59/05, de 24 de marzo de 2006, la Junta Consultiva se pronuncia acerca de la intensidad de la aplicación de la legislación de contratos a los supuestos en los que la Administración actúa en el mercado regulado de las empresas proveedoras del suministro eléctrico. La Junta Consultiva concluye afirmando que la vigente LCAP determina la sujeción de los contratos de suministro de energía eléctrica que se realicen a las Administraciones Públicas, lo que incluye la exigencia de acreditación de solvencia y de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Por lo que respecta a los procedimientos y formas de adjudicación, la Junta establece que habrán de elegirse aquellos que resulten más adecuados a las circunstancias concurrentes, incluso el procedimiento negociado (con publicidad o sin publicidad).Más información.

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